La Fiscalía obtuvo 31 órdenes de captura contra cabecillas del Eln y las disidencias de las Farc por asesinatos en Arauca y la zona de frontera con Venezuela, que serían responsables de 25 de los asesinatos y otras acciones ilegales registradas en lo corrido de este año.
Las órdenes de captura contra el Eln recaen en el denominado comando central conformado por Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Emilio Marín Giraldo, alias ‘Pablito’; y Rafael Sierra Granados, alias ‘Ramiro Vargas’.
Así mismo, hay requerimientos contra dos integrantes de la Dirección Nacional del Eln: Dios Lizarazo Atroza y Moisés Bautista Núñez, así como contra los cabecillas del Frente de Guerra Oriental, Ramiro Torres Rodríguez y Arturo Archila Rincón.
Estas personas deberán responder por los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado y rebelión agravada, relacionados por los 14 asesinatos en Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca) y Cubará (Boyacá). Las investigaciones dan cuenta que las víctimas murieron por disparos de arma de fuego.
Las 22 órdenes de captura por parte de las Farc corresponden a las estructuras disidentes de este grupo armado, que delinquen en el oriente del país, señalados por los delitos de homicidio, homicidio agravado, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, secuestro, amenazas, desplazamiento forzado, terrorismo y concierto para delinquir agravado.
Estas órdenes recaen sobre los máximos cabecillas del frente décimo ‘Martín Villa’, Fabián Guevara Carrascal, alias ‘Ferley’; y Gerardo Antonio Sanguino Franco, alias ‘Anderson’, entre otros. Asimismo, afectan a cuatro jefes de comisión y a 12 de los denominados coordinadores de milicias.
Este grupo es responsable de 11 homicidios ocurridos entre el 8 y 26 de enero de este año y 15 asesinatos registrados en 2021 en Saravena, Arauquita, Tame y Fortul (Arauca). También, en un caso de secuestro y desplazamiento forzado de una persona en proceso de reincorporación, quien abandonó la región con su familia.
La unidad especial de Investigación, la Delegada de Seguridad Territorial y la Delegada contra la Criminalidad Organizada, junto a un equipo especializado de policía judicial, perfiladores y técnicos forenses entre otros especialistas, trabajan en la caracterización de cada una de las víctimas y en la construcción del contexto de lo que ha ocurrido.
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