Durante la audiencia de imputación de cargos en contra del exsenador Luis Alberto Gil, Carlos Julián Bermeo (fiscal de apoyo de la JEP), Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte, el delegado del ente acusador señaló que los hoy detenidos conformaron una organización con el fin de “incidir” en el proceso de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, el exjefe guerrillero más conocido como Jesús Santrich, hoy recluido en la cárcel La Picota a la espera de que se resuelva su situación jurídica.
Sobre Bermeo, la Fiscalía señaló que se había comprometido a retrasar el proceso de extradición por al menos tres meses y que para ello se concertó con los otros detenidos. Añadió que el fiscal de apoyo de la JEP habría señalado en una de las reuniones que sostuvo con los demás detenidos que para tal fin se habría reunido con un secretario encargado de recibir documentos en el tribunal de paz quien también, al parecer, tenía conocimiento del ilícito.
“Usted se ofreció para retardar órdenes de policía judicial solicitar y prórrogas para dilatar órdenes impartidas por un magistrado, así como devolución de documentos enviados por una agencia extranjera dentro del caso de Santrich”, expuso el fiscal ante el estrado de la juez 22.
Una de las supuestas actuaciones irregulares está relacionada con la no entrega de la carta rogatoria a la justicia de Estados Unidos en la que el Ministerio de Justicia pedía más pruebas. Esta fue la misiva objeto de controversia en enero pasado cuando se conoció que el documento enviado por 4-72 se extravió en Panamá.
A cambio de ello, para la Fiscalía, Bermeo esperaba recibir 500 mil dólares, los cuales fueron entregados el pasado viernes en dos hoteles del norte de Bogotá, conforme se ve en los videos que ha filtrado el búnker.
Concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias son los delitos que le imputarán a los detenidos, de los cuales cuatro hacen presencia en el juzgado mientras que Gil Castillo escucha los delitos que le endilgan desde la clínica Colombia en la que se encuentra recluido debido a complicaciones de salud.
Durante la diligencia sorprendió que el fiscal señalara a Gil Castillo como la persona que estaba negociando con un sujeto de nombre Alexánder Toro, quien dijo ser el dueño de una discoteca en Roma (Italia), la entrega de 120 kilos de droga para ser distribuida en ese lugar.
De esta negociación también habría hecho parte el fiscal Bermeo por lo que su situación jurídica se complicaría aún más.
Con esta revelación, el tráfico de estupefacientes también haría parte del prontuario por el que será procesado el exsenador de Opción Ciudadana. La negociación del cargamento fue grabada por el agente encubierto y tuvo lugar el pasado primero de marzo, día en el que fueron detenidos los implicados en este escándalo.
“Los particulares Gil y Villamizar eran los encargados de hacer contactos, negociar, recibir dinero producto del cohecho propio y del tráfico de influencias para la organización criminal”, señaló el representante de la Fiscalía.
La Fiscalía dice tener pruebas suficientes para demostrar que Prieto y Villamizar eran los encargados de recibir, asegurar y trasladar el dinero producto del pago del cohecho propio y del tráfico de influencias, es decir los 460 mil dólares que recibieron en el norte de Bogotá.
