Procuraduría General formuló pliego de cargos a la exsuperintendente.
Por presuntos actos de corrupción al recibir más de $1.440 millones, representados en la adquisición de un apartamento a cambio de agilizar trámites en la Superintendencia de Salud, y por supuesto incremento patrimonial injustificado en más de $140 millones de pesos, la Procuraduría General formuló pliego de cargos a la exsuperintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la entidad, Eva Katherine Carrascal Cantillo.
El órgano de control le reprochó a Carrascal quien se desempeñó en el cargo entre el 7 de abril de 2015 y el 23 de enero de 2018, porque habría recibido dinero, utilidad y promesa remuneratoria por parte de Empresas e Instituciones Prestadoras de Salud, así como de otros terceros a cambio de que se agilizaran trámites para los pagos de cuentas médicas de las IPS que prestaban sus servicios a EPS, comportamiento con el que pudo realizar la conducta tipificada en el Código Penal como cohecho impropio.
Según las pruebas de la Procuraduría, algunas IPS tomaron la decisión de pagarle a Carrascal Cantillo por sus servicios, y para ese propósito, se unieron Aser Salud, Clinical Corporation y G3 y, al parecer, adquirieron un apartamento en el condominio Bosque Residencial La Resera en Bogotá, por valor de $1.440 millones.
En el segundo cargo, la Procuraduría cuestionó un supuesto incremento injustificado del patrimonio de la exfuncionaria en $145.391.060, dinero que, al parecer, no guarda relación con los ingresos percibidos por concepto de salarios como servidora pública.
Para la Procuraduría, la exsuperintendente Delegada tenía como función principal la inspección y vigilancia de las entidades pertenecientes al sistema de salud nacional y territorial, y estaba llamada a "dar ejemplo de rectitud, lealtad, honestidad y trasparencia en su actuar, más aún cuando el derecho a la salud, como derecho social, gravita en torno a la dignidad humana y demanda la máxima probidad de las autoridades, en razón de los recursos y derechos involucrados".
Por todo ello, el órgano de control calificó provisionalmente las presuntas faltas de Carrascal como gravísimas a título de dolo, dado que, al parecer, condujo su proceder a la obtención de dineros y prebendas de manera voluntaria y consciente, queriendo el resultado obtenido.
