Bogotá. (Colprensa)
Un estudio de la Contraloría General de la República realizado para identificar los riesgos y posibles afectaciones sociales y ambientales de implementar el fracturamiento hidráulico, comúnmente llamado fracking, evidenció que el país no está preparado para desarrollar este tipo de técnica y concluyó que es necesario tomar precauciones para no tener resultados catastróficos.
“Los costos ambientales y sociales derivados de la eventual implementación de esta técnica han sido insuficientemente estudiados, por lo que resulta indispensable tomar precauciones adicionales y preparar adecuadamente la institucionalidad responsable del control y vigilancia de esta actividad, cuyos resultados pueden ser catastróficos e irreversibles”, indicó la Contraloría.
La investigación del organismo de control evalúo varios aspectos entre ellos la afectación e impacto al recurso hídrico al implementar la técnica, ya que este uno de los temas que más genera preocupación en la población.
Asimismo, el estudio presenta un análisis identificando las debilidades institucionales del Estado en aspectos de planeación y de tipo normativo en materia técnico ambiental para implementarlo en el país.
La Contraloría identificó que Colombia cuenta con unas estructuras geológicas que deben ser estudiadas de manera complementaria con el fin de gestionar los riesgos ambientales ante un eventual desarrollo de la exploración y explotación bajo esta técnica en sus cuencas sedimentarias de interés como el Valle Medio del Magdalena y la Cordillera Oriental debido a que su evolución está caracterizada por rupturas o grandes deformaciones estructurales.
“Los componentes sismotectónicos y de geología estructural deben tener un muy buen nivel de detalle, para poder valorar de mejor manera la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y de acuíferos, en virtud a que esa técnica tiene unos riesgos altos y la incertidumbre de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico subterráneo, lo que en conjunto le permitiría al Estado Colombiano tener mayores herramientas de validación de la información allegada por los interesados en el desarrollo de este tipo de yacimientos, así como de una mayor eficacia en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas por los operadores de bloques”, reseña el documento.
Otro de los temas que alerta el organismo de control es el posible conflicto por el uso del agua teniendo en cuenta que ese método requiere considerables volúmenes de agua para el desarrollo de esta operación en donde un solo pozo podría demandar aproximadamente 14.500 metros cúbicos de agua, dependiendo de las características de la zona, y solo un pequeño porcentaje de este líquido es reciclado.
“Debe analizarse, bajo una óptica local-regional, los eventuales conflictos por el uso de agua con los demás usos precedentes presentes en los lugares en donde se pretende implementar la técnica como el consumo doméstico, actividades de subsistencia, usos agrícola, pecuario e industrial, con el fin de evitar el estrés hídrico en las zonas en las cuales se desarrollarían eventualmente estos proyectos”, señala el estudio.
La Contraloría asegura que se debe analizar estos efectos en especial en las cuencas sedimentarias del Valle Medio del Magdalena y la Cordillera Oriental, en donde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fijó las áreas para la exploración de este tipo de yacimientos en el país.
