Durante la audiencia de medida de aseguramiento de Jorge Romero Pinzón, general (r) investigado por supuestos hechos de corrupción en 26 contratos firmados entre el 2016 y el 2017, cuando comandó la Cuarta Brigada, la fiscal tercera delegada de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Patricia Vanegas, expuso una serie de testimonios que lo vinculan con los ilícitos.
Romero Pinzón, quien fue capturado en la mañana de este jueves por miembros del CTI de la Fiscalía, es señalado de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, peculado por apropiación y concierto para delinquir, actos delictivos que a juicio de la delegada del ente acusador están relacionados con las irregularidades en los 26 contratos que sumaron 3296 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, la supuesta intervención del oficial en los contratos habría beneficiado a tres contratista de la siguiente manera:
Samir Fernando García, con 20 contratos de cafetería por 675 millones de pesos
Guerly Alexánder Carrera, con dos contratos por 520 millones de pesos para suministro de sacos y colchones
Jaime Alberto García, con cuatro contratos que suman 2.101 millones pesos para el mantenimiento de vehículos.
Del mismo modo, durante la diligencia, la fiscal trajo a colación una serie de testimonios de tres uniformados que estaban al mando de Romero Pinzón durante 2016 y 2017. Se trata de Eyder Preciado, Harold Páez y Juan Carlos Durán.
“Del análisis se puede afirmar que varios de los oficiales y suboficiales venían trabajando desde las brigadas 7 y 15 con el general Romero”, dijo la fiscal.
Añadió que durante la comisión de los delitos existió una unidad encargada de tramitar contratación de doce batallones y esta era denominada como Batallón de Servicios Número 4 de Yariguies, adscrita a la Brigada Número 4, por medio de la cual se registraron dichas irregularidades.
De acuerdo con la fiscal, Romero Pinzón, como jefe de dicha brigada, tenía la potestad de mover personas de batallones para ser asignados en otros puestos para continuar con el ilícito.
“Se pudo establecer por las hojas de vida que Edwin Eduardo Carrillo que era capitán fue segregado del batallón al que estaba asignado y llevado a la unidad de contratación. Allí la labor fueron los trámite de contratos y convenios”, expresó la fiscal.
Así las cosas, lo que dijo la delegada del ente acusador es que hay pruebas de la existencia de la organización y de los contratos.
“Mientras Romero Pinzón fue comandante existió una organización de carácter criminal que su objeto era manipular la contratación para tener beneficios económicos. Entre los concertados habían militares y civiles y el modo de operar consistía en acoplar el pliego de condiciones al perfil de los contratistas a cambio de los beneficios económicos”, señaló la delegada.
