Un nuevo ‘choque’ entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presentó luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, le enviara una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo la cancelación de la audiencia pública que tiene planeada esa jurisdicción el próximo 9 de mayo en el marco de las sesiones ordinarias de ese organismo internacional en Kingston, Jamaica.

Uno de los argumentos presentados por Trujillo para pedir la cancelación de dicha audiencia es que “la JEP es una institución del Estado colombiano con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución Política o en las Leyes de la República”.

Es así como en ese mismo sentido en la misiva el canciller asegura que le corresponde únicamente al presidente Iván Duque el direccionamiento de las relaciones exteriores, incluyendo la representación e interlocución del Estado ante los organismos internacionales.

De acuerdo con Trujillo, la JEP hace parte de la arquitectura estatal, razón por la que no puede ser considerada como parte en  un procedimiento  que se surta ante la CIDH. Asegura que el Estado es un sujeto único de derechos, según las leyes internacionales.

Sin embargo, en la carta se advierte que el Gobierno continuará honrando sus compromisos y mantendrá su apoyo a la JEP y a las instancias e instrumentos creados mediante la implementación normativa del acuerdo suscrito con la antigua guerrilla de las  Farc el 24 de noviembre de 2016.

Así mismo, asegura el canciller que la CIDH convocó a Colombia a  siete reuniones de trabajo y tres audiencias públicas para examinar diferentes situaciones  sobre derechos humanos en el país, a las cuales se enviará una delegación de alto nivel para cumplir con los compromisos.

La audiencia de la JEP ante la CIDH habría sido solicitada por la presidencia de esa jurisdicción.