Persiste la ausencia de control al manejo de los bienes incautados y extinguidos a favor del Estado.
Según las evaluaciones realizadas por la Contraloría de la República, la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con corte al primer semestre de 2016, muestra un balance desalentador, encontrando que esta situación ha llegado, en algunos casos, a favorecer a grandes empresas depositarias de propiedades confiscadas.
Es el caso de un contrato de arrendamiento de 2013, donde la Dirección Nacional de Estupefacientes entregó a la empresa cementera Cemex, por apenas un millón de pesos mensual, el goce de un predio incautado de 422 hectáreas que cuenta con infraestructura de exploración y explotación minera, así como los derechos de explotación de un título minero.
De esta forma, considera la Contraloría, se menoscabaron los intereses del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), en el evento en que se deba indemnizar los casos de fallos judiciales que ordenen restitución de bienes incautados.
Otro de los casos donde se evidencia las consecuencias de la falta de información de la entidad, se detectó en el manejo de divisas en efectivo, pues conforme a las pruebas realizadas por la Contraloría, no se llevan de manera adecuada los registros de constitución de depósitos de las sumas incautadas, de manera tal que algunos de ellos figuran por sumas inferiores a las que en efecto custodia el Banco de la República.
En efecto, la auditoría que adelantó el organismo de control encontró que en uno de los casos, figuran en libros divisas por USD$8.2 millones, cuando en efecto el Emisor reporta tener depositados USD$8.5 millones.
Un evento donde también se advierte la ausencia total de información, es el relacionado con la administración de los activos y operación de la sociedad Serfinanco y su establecimiento de comercio, incautados desde el año 1996 pero extinguidos en favor del Estado desde 2011.
La Contraloría estableció que el expediente de esta sociedad no estaba relacionado en el inventario de entrega de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a la SAE en julio de 2014, pero a pesar de ello se encontró para la fecha de la Actuación Especial bajo la custodia de SAE.
Tal circunstancia implicó que el equipo auditor no encontrará reporte de actuaciones de administración de los activos de la sociedad, ni tampoco información sobre el destino final de 99 títulos valores por $2.193 millones que recibió la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía Regional de Cali- el 12 de septiembre de 1996 en la diligencia de ocupación de la sociedad Serfinanco.
Igualmente, se carece de información de los recursos relacionados por Fiducolombia correspondientes a la liquidación de una obligación a favor de Serfinanco del 30 de junio de 1998, por valor superior a $33 millones.
Con ello se concluye que SAE desconoce las sumas de dinero en efectivo que se encuentran bajo su administración y custodia, y que a pesar de las labores de actualización emprendidas por SAE, el estado actual del inventario no permite contar con cifras confiables en relación con la identificación de los bienes administrados, su estado jurídico actual y los ingresos derivados de la explotación de los mismos.
Se probó, además, que la entidad administradora del FRISCO desconoce más del 50% de las sentencias donde los jueces de conocimiento han declarado la extinción de dominio definitiva en favor del Fondo, situación que impide adoptar medidas de disposición definitiva sobre activos que ya se encuentran en cabeza del Estado.
El auditor detectó también que debido a deficientes labores de administración por parte de SAE, algunos de los inmuebles incautados se encuentran ocupados por familiares de sus antiguos propietarios, sin que exista evidencia de acciones por parte de SAE para recuperar la tenencia de los mismos.
Según la CGR, tampoco se tiene certeza sobre la ubicación de algunos vehículos con sentencia de extinción, que según registros deberían estar bajo el cuidado de diversas dependencias estatales.
