"Los obispos católicos de Colombia manifestamos nuestra profunda aflicción y preocupación por las masacres de cinco jóvenes en Cali y de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño), asesinados brutalmente los pasados 11 y 15 de agosto", expuso en un comunicado de dos páginas la Conferencia Episcopal.

La institución religiosa resaltó que estos hechos se suman a las amenazas a personas y a comunidades, a los asesinatos de líderes sociales, excombatientes de las FARC, y a los enfrentamientos armados por el control de las rutas del narcotráfico que se han verificado recientemente en otros departamentos del país, como Norte de Santander, Chocó, y Cauca.

La Conferencia reseñó que la vulneración a los derechos humanos han sido denunciados no solo por líderes sociales sino también por los sacerdotes que están en la zona y conocen de cerca las afectaciones que padecen las comunidades.

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"Proclamamos que la vida humana es sagrada e inviolable, que ella constituye el primero y fundamental de los derechos, y que, por tanto, todo asesinato es un crimen gravísimo, no sólo contra las personas sino también contra la sociedad", dice el primer punto del documento.

Por ello, rechazaron categóricamente todas las acciones y formas de violencia. "Hacemos una vez más eco al llamado del Papa Francisco, exhortando a los grupos armados ilegales y a las bandas delincuenciales al cese definitivo de sus acciones violentas y de las confrontaciones, que agravan la crisis humanitaria que se vive en el país por cuenta de la pandemia".

El llamado de la iglesia católica es convocar al pueblo colombiano a empeñarse, "con unidad y con valentía, en la defensa de la vida, en la tarea de la reconciliación y la paz, y en la construcción de un proyecto común de país".

No escatimaron en solicitar al Gobierno Nacional que unan esfuerzos para asegurar la protección efectiva y la atención integral a las comunidades que padecen con mayor rigor las consecuencias de la violencia, así como a seguir avanzando en la implementación de los Acuerdos de Paz.