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Inpec solicitó libertad de Garavito, pero juez la negó

Lunes, 1 de Noviembre de 2021
Luis Alfredo Garavito Cubillos fue juzgado por violador y asesino en serie.

En curioso proceder judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, solicitó concederle la libertad condicional al violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito Cubillos, tras comprobar que ya cumplió con los requisitos que exige la ley para obtener ese beneficio.

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Pese a que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Valledupar negó la medida, dejó la puerta abierta para que el condenado presente los dos únicos requisitos que le hacen falta para abandonar las rejas en las que permanece desde 1999: pagar una multa de 172 salarios mínimos legales vigentes, que se usarán para reparar a las víctimas, y cumplir con un requisito de “arraigo” que le obliga a justificar con claridad dónde y con qué personas se quedaría mientras obtenga el beneficio de libertad condicional.

La noticia la dio a conocer este domingo el programa de televisión Los Informantes, del Canal Caracol, en el que se expuso el documento del fallo y se dio el debate sobre lo que implicaría que un psicópata de su talla obtenga el beneficio de moverse con libertad por el territorio nacional. En todo caso, el origen de la solicitud es poco usual en el ámbito penal, como detalla el abogado especialista Óscar Santamaría, quien asegura que es la primera vez que estudia una petición de ese tipo por parte del Inpec, pues, en una situación normal, debería darse por iniciativa de la defensa del acusado.

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Sin embargo, dice Santamaría, “es entendible que el Instituto lo haga por el hacinamiento carcelario por el que pasa el país, en el que ese espacio que ocupa Garavito sería valioso, y por la responsabilidad que implica para el Inpec un preso de ese peso, al que hay que dedicarle todos los esfuerzos”.

Pese a ello, en la emisión del programa, el Inpec negó haber presentado la solicitud por interés de la Institución y aseguró, sin dar pruebas específicas, que lo hizo porque esa es una de sus funciones constitucionales.

No obstante, EL COLOMBIANO conoció un documento de esta institución, fechado el 14 de mayo de este año y firmado por el director de la Epcams Valledupar, César Fernando Caraballo Quiroga, que es la cárcel donde se encuentra Garavito, en el que el asunto es Trámite de Libertad Condicional y el interno es Garavito Cubillos Luis Alfredo. La carta está dirigida al juez Camilo Manrrique y dice que “en cumplimiento de órdenes impartidas por parte de la Dirección Regional del Inpec para que se estudie y verifique por parte de su despacho concerniente a la concesión o no del subrogado de libertad condicional”. Relacionaron varios documentos como el certificado de conducta de Garavito.

El contexto judicial

Según los expedientes de la Fiscalía General de la Nación, a “La Bestia”, como es llamado Garavito, se le acusa de abusar sexualmente y asesinar, por lo menos, a 172 niños entre 1980 y 1999. Para esa época, Luis Alfredo Garavito se convirtió en uno de los principales objetivos del CTI, que logró capturarlo en 1999 y meterlo a prisión, en la que ha estado hasta la fecha.

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Desde entonces, el pederasta fue condenado a la pena máxima en Colombia, equivalente a 40 años de prisión, de los que ha logrado descontar 27 por sus años de cárcel y su buen comportamiento intramural que le ha otorgado beneficios. Precisamente, el hecho de que haya cumplido con tres quintas partes de su condena y que reporte una conducta que “ha sido calificada en el grado de ejemplar” es lo que hoy permite que su libertad esté a pocos pasos. Según su cartilla biográfica en el Inpec, Garavito no ha tenido anotaciones negativas desde marzo de 2013.

Bajo ese contexto, Santamaría explica que, por injusto que parezca, “no hay nada que impida que Garavito sea dejado en libertad, pues en Colombia no existe la cadena perpetua y llegará ese momento en que el detenido cumpla con su condena y recupere su libertad”. De hecho, a Garavito Cubillos lo cobija la ley que le aplicaría a cualquier otro delito, por lo que basta con que cumpla con los requisitos que exige la justicia para que pueda obtener el beneficio de libertad condicional.

Y en eso concuerda el magíster en derecho penal Juan Carlos Álvarez, quien explica que, al haber sido condenado antes de 2006, a Garavito no le aplica una ley más reciente que fue aprobada en el país y que prohibe, justamente, otorgarle este tipo de beneficios a reos que hayan cometido crímenes contra poblaciones especialmente protegidas por la Constitución, como es el caso de los menores de edad.

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En cuanto al reporte clínico, el Informe Pericial presentado por el Inpec asegura que el implicado “no presenta un estado grave o una enfermedad grave incompatible con la vida en reclusión”, pero reconoce que Garavito ha sido diagnosticado con un trastorno psiquiátrico denominado como “personalidad antisocial”.

Sobre esto, el Informe indica que, con base en la evidencia científica, no existe ningún tratamiento farmacológico o psicoterapéutico para los síntomas centrales del trastorno de la personalidad antisocial. En consecuencia, “tampoco existe algún tratamiento o modelo de rehabilitación que permita que los sujetos que padecen está condición puedan reincorporarse a la sociedad”.

Pero el diagnóstico psiquiátrico de Garavito va más allá de dicho trastorno. En palabras de la psicóloga judicial Andrea Cartagena, el pederasta padece de una psicopatía, “una condición mucho más grave que el trastorno antisocial”, que supone que es una persona incapaz de sentir culpas o asumir responsabilidades, por lo que –según Cartagena– es incurable, pues obedece a desórdenes en la composición cerebral.

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Bajo ese orden de ideas, y pese a que la justicia no tendría herramientas para negarle la libertad a dicho condenado, “los estudios de caso en el mundo aseguran que los psicópatas tienden a reincidir, pues no pueden controlar sus impulsos y disfrutan de lo que hacen”, analiza la experta.

Así, la Defensa de Garavito Cubillos podría cumplir con los requisitos por los que el Juzgado le negó el beneficio y, tras pagar la indemnización y aclarar la información relacionada con el domicilio, estaría en la facultad de apelar la decisión para buscar la libertad una vez más.

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