La Fiscalía General de la Nación anunció que en el marco de las investigaciones que adelantan por irregularidades en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en el país, el ente acusador adelanta imputaciones y procesos judiciales contra exalcaldes y funcionarios de varios municipios.
De acuerdo con José Alberto Salas, director Especializado contra la Corrupción, “la Fiscalía lleva investigaciones que involucran a 93 municipios de 10 departamentos: Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Santander, Meta, Magdalena, Quindío y Valle del Cauca.
En los próximos días, la Fiscalía realizará diversas actuaciones como imputaciones y judicialización de contratistas, funcionarios y exfuncionarios”.
Según Salas, en Cáceres la Fiscalía determinó que “mediante el acuerdo número 002 del 7 de marzo de 2013, autorizó a Ubaldo Enrique Pacheco Julio, entonces alcalde del municipio, para gestionar un préstamo por 1.600 millones de pesos con el objeto de adquirir lotes para la construcción de vivienda de interés social”.
Tras conseguir el crédito de una entidad bancaria, el 16 de septiembre del 2013, el exmandatario suscribió un contrato de prestación de servicios con Luis Alberto Mora Rendón, quien en condición de perito establecería el valor comercial de los terrenos.
En este caso se señala que la administración de Cáceres habría comprado los terrenos por un valor superior al fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En ese sentido, el ente acusador pudo establecer que los precios habrían sido “inflados” y con ello generaron un detrimento patrimonial al municipio que superaría los 845’093.080, dinero que presuntamente quedó en manos del exalcalde y el perito contratado.
Según el ente acusador “la alcaldía de Cáceres supuestamente pagó 716’845.672 de pesos por un lote ubicado en el corregimiento El Jardín, cuyo avalúo real alcanzaba un poco más de los 520 millones de pesos”.
Por estos hechos, la Fiscalía vinculó al proceso judicial a Pacheco Julio y a Mora Rendón, quien fue capturado el pasado 29 de abril.
Los procesados deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
En Popayán, se investiga la presunta construcción ilegal en las laderas del humedal Villa Olímpica, que está protegido por medidas cautelares ordenadas por el Consejo de Estado.
Y también hay otros casos en los municipios de Cajicá y Apulo, donde las autoridades encontraron irregularidades, según explicó la Fiscalía.
