La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP investiga la posible existencia de lugares en el resguardo indígena de San Lorenzo, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas, donde es posible que se encuentren cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.

Para avanzar en este proceso, a través del Auto AT055, la Sección solicitó información adicional a la Sala de Reconocimiento de la JEP y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), en el trámite de medidas cautelares para la protección de lugares de posible inhumación o donde reposen cuerpos de personas dadas por desaparecidas en dicho resguardo indígena.

Según la información recolectada por la Sección, la Fiscalía General, por órdenes del Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Pereira, realizó prospecciones en dicho territorio en 2016, recuperando cuerpos esqueletizados de seis personas dadas por desaparecidas.

Dicha instancia explicó que, previo a tales labores y en conjunto con las autoridades indígenas, estableció una lista de 50 personas desaparecidas pertenecientes al pueblo indígena Emberá Chamí que habita el Resguardo de San Lorenzo, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas.

Otras instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de Riosucio reportaron también que han recibido denuncias o casos sobre víctimas de desaparición forzada, que en total sobrepasan 70 personas, cuyos cuerpos pudieran reposar en dicho territorio.

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"Teniendo en cuenta que en la región donde se ubica el resguardo indígena de San Lorenzo operaron diferentes grupos armados, entre ellos las Farc, el EPL y el Bloque Cacique Pipintá de las AUC, la JEP considera que en el resguardo indígena de San Lorenzo pueden existir más cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que las posibles víctimas pueden pertenecer también a otras localidades vecinas al territorio indígena, dentro y fuera del departamento de Caldas", señaló el documento del Tribunal de Paz.

Así las cosas, con el fin de dar respuestas integrales a las víctimas y para facilitar el trabajo posterior de identificación y entrega digna de los cuerpos que puedan ser hallados en dicho territorio, la Sección ha solicitado información a la Unidad de Víctimas y a los casos que investiga la Sala de Reconocimiento de Verdad de la misma Jurisdicción sobre personas dadas por desaparecidas en siete municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda.

La Sección también ordenó el reconocimiento de los posibles lugares de inhumación en el resguardo de San Lorenzo, pero la diligencia fue aplazada por razón de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con motivo de la pandemia de la COVID-19. La diligencia será reprogramada una vez existan condiciones para su realización.

Esta decisión se da en el marco del trámite de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), en el que la Sección de Ausencia Reconocimiento de la JEP pretende el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio nacional ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.