La Supersalud impugnó las medidas cautelares proferidas por dos jueces promiscuos de Málaga- Santander, por considerar que solo Tribunales tendrían competencia para decidir sobre las decisiones del ente de control.
Los jueces Miguel Roberto López Prada y Marcela Higuera Peña, decretaron medida provisional de suspensión a la liquidación ordenada por la Supersalud a la EPS Comparta, que opera en 12 departamentos del país, atribución que le correspondería a un Tribunal Judicial.
Como consecuencia, 1,5 millones de afiliados, principalmente población vulnerable y con protección constitucional especial que requieren una atención oportuna y de calidad quedaron en vilo hasta tanto se resuelva la controversia judicial.
De acuerdo con el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutelas dirigidas, entre otros, contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con intervención para administrar o liquidar deben ser conocidas, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o los Tribunales Administrativos, situación que desconocieron abierta e ilegalmente los jueces.
En cuestión de horas, López e Higuera frenaron la distribución de estos afiliados, que iba a adelantar el Ministerio de Salud y Protección Social a EPS que sí se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento. Los demás jueces, que recibieron otras 40 tutelas sí atendieron el mandato legal y trasladaron las acciones de amparo a los tribunales, por ser de su competencia.
Coincidencias en el proceso
Hay varias situaciones que llaman la atención alrededor de este proceso de liquidación, por ejemplo:
1-. Una coincidencia muy particular es que la presidente de la Junta Directiva de Comparta EPS, hoy removida, es precisamente oriunda del Municipio de Málaga, donde se presentaron estas decisiones.
2-. Adicionalmente, las tutelas presentadas tienen el mismo formato y sus argumentos son exactamente los mismos.
Situación de la EPS
1-. Como consecuencia de los hallazgos identificados tras las acciones de inspección desarrolladas por la Supersalud entre otros entes de control, se ordenó la liquidación de esta EPS teniendo en cuenta la crítica situación que atravesaba y que ponía en riesgo la vida de sus usuarios.
Y es que, de acuerdo con análisis a los indicadores de prestación de servicios, Comparta presentaba casos en donde los pacientes debían esperar más de un año y medio la entrega de medicamentos vitales.
Incluso se tiene evidencia de que, debido a su deterioro, murieron esperando la autorización de sus tratamientos o de procedimientos urgentes a pesar de contar con fallos de tutelas a favor.
2-. La EPS llevaba 5 años bajo medida de vigilancia especial, pero en vez de mejorar, empeoraba y las cifras de este deterioro progresivo lo evidencian:
A-. Durante los últimos 4 años Comparta acumuló 24.500 tutelas y fue notificada de 10.321 desacatos.
B-. Sus indicadores financieros venían en picada y para abril de este año tenía deudas con su red de prestadores por $680 mil millones.
C-. En el último año y medio, la Supersalud impuso multas contra su exrepresentante legal, Mónica Hernández, por $666 millones, como resultado del incumplimiento a las instrucciones impartidas y el no reporte de la información financiera.
