La primera sala de la Jurisdicción Especial para la Paz, que nació con el acuerdo con las Farc, recibirá los informes de todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas.

Igualmente, deberá decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia de la JEP, por haber sido cometidos en el contexto del conflicto armado.

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Luego, deberá recibir las 7.392 actas de reconocimientos de verdad y responsabilidad que se han allegado a la Secretaría de la JEP por integrantes de las Farc, así como de la Fuerza Pública.

Esta es la Sala que deberá presentar una Resolución de Conclusiones ante el Tribunal de Paz, en donde identifique los casos más graves y representativos, la individualización de las responsabilidades, en particular de quienes tuvieron una participación determinante, los reconocimientos de verdad y responsabilidad, la calificación jurídica, y la identificación de las sanciones correspondientes.

Y también deberá remitir a la Sala de Amnistía e Indulto el listado de recomendaciones de personas que deberán ser beneficiadas con dichas medidas; así como a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas los listados de quienes no serán objeto de amnistía e indulto, ni serán incluidos en la Resolución de Conclusiones.

Por otro lado, la Sala de Amnistía deberá otorgar amnistía o indulto en casos de personas condenadas o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de los interesados. 

Y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas definirá el futuro de aquellas personas que no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan sido incluidos en la Resolución de Conclusiones de la SRVR.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, indicó que hay aproximadamente 7.400 registros de personas candidatas a esta justicia especial.

“Empezamos a funcionar respecto de las víctimas a partir de la recepción de los informes de la Secretaría Ejecutiva, de la Fiscalía, de la Contraloría, Procuraduría y de los informes de organizaciones de víctimas. De acuerdo con esta información empezaremos los procesos”, señaló.

Para analizar estos informes, que solo de la Fiscalía se esperan 25, la JEP organizó un equipo interdisciplinario de 113 personas. A partir de allí se aplicarán criterios de priorización para determinar qué casos serán escogidos y cuáles no, de todo el universo de atrocidades que se cometieron.

Linares igualmente explicó que cuando llegue el momento, las audiencias de la JEP serán públicas, con espacios para las víctimas, la ciudadanía y los medios de comunicación.

Además, ya está en marcha la Unidad de investigación y acusación que deberá investigar los casos y acusar ante el Tribunal de Paz, así como decidir sobre las medidas de protección a víctimas y testigos y la adopción de medidas de aseguramiento y cautelares en caso de ser necesario.

Cabe recordar que de acuerdo a la decisión de la Corte Constitucional, quienes se acojan a la JEP deberán cumplir con todos los requisitos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad, so pena de perder los beneficios.