Un concepto emitido por la Comisión asesora de Política Criminal y entregado Consejo Nacional de Política Criminal recomienda que no se instaure en Colombia la pena de prisión perpetua para aquellas personas que sean halladas culpables por delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, propuesta que emerge cada vez que hay un caso de maltrato o muerte de un menor de edad.

Entre las conclusiones que exponen los expertos de dicha comisión se precisa que esta propuesta se lanza sin un sustento “basado en estudios criminológicos y político- criminales adecuados que demuestren el nexo causal entre esta pena y la reducción de la criminalidad o de la reincidencia”.

Del análisis también se desprende que de aprobarse una medida como la de la cadena perpetua ello implicaría un cambio en la Constitución puntualmente del artículo 34 que prohíbe este tipo de penas, así como la del destierro. De darse ese ajuste, se afectaría la esencia del modelo del estado social de derecho.

Esta Comisión, además, considera que al erigir esta figura en el sistema colombiano se estaría enviando un mensaje de “discriminación, marginación y exclusión social” que no genera beneficio alguno para proteger y restaurar los derechos de las víctimas.

En ese orden de ideas, la Comisión asesora es enfática en señalar que “la prisión perpetua es una pena innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada (…) una pena cruel, toda vez que el condenado pierde la esperanza razonable de resocialización rehabilitación y libertad”.

El criterio también tuvo en cuenta la condición de los penales colombianos, cuyo índice de hacinamiento es del 51%, de acuerdo con el general William Ruiz, director del Inpec, por lo que los comisionados advierten que, bajo el estado de cosas inconstitucional de los derechos humanos en las prisiones, dicha crueldad también torna esta pena en una sanción inhumana y degradante.

Al establecer este tipo de condena también se estarían violando los pactos que Colombia ha suscrito internacionalmente, como el de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 24.

El aspecto económico también fue abordado por la Comisión asesora que advierte en su informe que “la prisión perpetua generaría a largo plazo costos fiscales insostenibles e injustificados para el Estado y la comunidad. Costos que se incrementarían por los posibles errores judiciales, que hoy se reflejan en demandas en contra la Nación por más de 422.000 millones de pesos”.

Las cuentas parten de la base de que el costo de manutención anual de una persona privada de la libertad asciende aproximadamente a 18.371.560 de pesos y a $120.218.981 si se consideran los costos de construcción de un cupo penitenciario.