Las violaciones de derechos humanos en Colombia vienen por cuenta de diferentes causas. Desde las inhumanas filas que deben soportar miles de usuarios de EPS para conseguir una cita médica, hasta el reclutamiento forzado y el secuestro que siguen azotando diferentes regiones en el territorio nacional.

En diálogo con el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, habla sobre cómo viene trabajando desde la entidad que preside para evitar que sigan sucediendo tales violaciones. 

¿Cómo ve la Defensoría la situación de hacinamiento en las cárceles del país? ¿Cuál podría ser la solución para esta problemática?

Lo que se trata es de una política pública que deberá establecer este Gobierno, en donde se concesionen cárceles, hacer más cárceles, y en la que se establezca que no todos los eventos son una detención intramural sino fuera de establecimiento carcelario. Esperaremos que eso se dé, esperamos que la problemática en las cárceles se supere, porque es una bomba de tiempo.

La Defensoría del Pueblo le ha puesto la lupa a todas las problemáticas del país, eso también compromete al sector salud que se encuentra en un estado crítico…

Lo que ocurre con la salud de Colombia es una vagabundería criminal, porque a todo el mundo le toca hacer cola para poder tener un servicio, pero ni siquiera haciendo la cola podemos mantenerlo. Nosotros somos la única entidad que defiende los derechos humanos en Colombia y es parte de nuestra órbita que esos derechos no se vulneren.

Hace pocos días se generó una alerta debido al servicio de salud que presta la entidad promotora Medimás EPS. Usted como defensor asistió a una mesa técnica junto con otras entidades. ¿Qué salió de esta reunión?

Si no es por el trabajo que hacemos en la Defensoría del Pueblo, en las personerías y presentamos miles de tutelas, a las personas no les dan la debida atención. Por eso he venido diciendo que eso es una vergüenza criminal, no son todas las EPS ni IPS, pero tenemos que desnudar a los que no prestan un buen servicio. El año pasado citamos al presidente de Medimás y le dijimos: ‘usted no está cumpliendo. – Es que yo llevo 45 días, nos dijo –. Para la Defensoría no es problema usted cuánto lleve en su cargo, usted recibió cinco millones de usuarios, usted tiene que atenderlos’. En una segunda ocasión los volví a citar el 15 de noviembre, vino otro presidente y les reiteré: ‘ustedes están incumpliendo’, e inmediatamente le escribí a la Corte Constitucional que debía tomar una medida drástica. La medida que le solicitamos fue trasladar a los usuarios que no pueda atender Medimás. La decisión fue: ‘señor ministro de Salud y superintendente tomen la medida’. Resulta que la medida se tomó como ahora se está viendo.

¿Las alertas que genera la Defensoría han sido acatadas de manera eficaz, precisamente ahora que entró un nuevo Gobierno?

El presidente visitó los organismos de control antes de su posesión, eso ya habla de lo que quiere este Gobierno. Hoy buscamos entre todos consolidar un trabajo conjunto en temas específicos como la protección de la vida de los líderes sociales. Al tiempo hemos reiterado nuestro mensaje sobre la importancia de atender las Alertas Tempranas que emitimos. Ese trabajo permanente con la comunidad, esa información de primera mano que tenemos y que plasmamos en esos documentos, son una herramienta indispensable para evitar nuevos casos de violencia. 

 Acaba de mencionar algo importante no solo para la entidad sino para el país, los líderes sociales...

Precisamente, el 22 de agosto teníamos una cifra de 343 líderes sociales, pero ahora estamos cruzando información de una cifra cercana a veinte ciudadanos más que han caído. Tenemos que seguir trabajando para que en Colombia no se sigan vulnerando los derechos de los líderes sociales.

¿Qué decir de la reincorporación de los exmiembros de las Farc?

Hicimos tres informes el año pasado. A la reincorporación hay que tenerle paciencia como a la paz. El país, la sociedad y el Gobierno no estaban preparados para atender entre 7.000 y 11.000 personas, entonces tenemos que seguir trabajando para apoyar la reincorporación, porque no podemos dejar que los muchachos o los mayores que dejaron las armas vuelvan a tomarlas, porque nosotros como Estado y sociedad no les brindamos una oportunidad que todos tuvimos como lo es educarse y tener buena salud.

Muchos de los reinsertados se han quejado de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, ustedes en sus visitas han encontrado vulneración de los Derechos Humanos…

No, tal vez en las primeras visitas, en especial cuando visité el Guaviare hablé de los niños de la paz, había vulneración de las personas que estaban por nacer, por lo que pedí que las mujeres embarazadas fuesen atendidas en el Hospital Militar.

La Defensoría está por recibir una considerable suma de dinero. ¿Para qué serán destinados estos recursos?

Ese es un programa que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es un programa de 18 millones de dólares a cinco años que se van a destinar exclusivamente en volver esta entidad más cercana a la comunidad por medio de la tecnología. En este momento tenemos una entidad fuerte de capacidad intelectual, pero necesitamos volcar esa capacidad intelectual que tenemos en terreno y en estos edificios en temas que nos permitan hacer todas las advertencias de escenarios de riesgos en línea. Esos recursos se usarán para mejorar la capacidad tecnológica de la entidad y acceso a la información. Los recursos son del Gobierno Nacional y tendremos todos los filtros de la Contraloría y Procuraduría para que ese recurso sea usado de buena forma.

Lo que pasa en el Catatumbo

El Epl es uno de los grupos armados que delinque en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde se vienen presentando una serie de violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son las alertas que ha dejado la Defensoría por esos hechos?

La Defensoría siempre ha estado con las comunidades del Catatumbo. El mensaje ha sido claro para los grupos violentos que buscan tener el poder de la zona: basta ya del asesinato entre colombianos. Personalmente he visitado la zona. Fui a El Tarra, en la ‘Caravana S.O.S. Catatumbo’ del 26 de marzo, era el Lunes Santo. Acompañamos a los obispos de Tibú y Ocaña, alcaldes y líderes sociales en ese clamor de paz. También asistí a Ocaña el 23 de abril a la Mesa de Crisis con el Gobierno (vicepresidente, mininterior, Ejército y Policía, entre otros) para encontrar soluciones a la crisis humanitaria y social en la región, debido al paro armado del Epl y los enfrentamientos con el Eln. Hemos sido interlocutores con el Estado del llamado de la gente para tener oportunidades. Los cultivos de uso ilícito y el contrabando de gasolina venezolana se convierten en las únicas alternativas para llevar sustento a sus hogares. La oferta estatal debe llegar, así llegará la paz verdadera.

Hace pocos días se conoció el rapto del pequeño Cristo José, entidades gubernamentales inicialmente dieron información errada sobre su liberación. ¿A qué se debió esto?

Tuvimos una información de base donde nos informaron que el niño había sido liberado. Lo que pasa es que en Colombia tenemos que tratar de borrar de nuestra faz el secuestro.

¿Pero qué información tienen ustedes del rapto, quiénes fueron los responsables?

En razón a Cristo José no tenemos ninguna información precisa, afortunadamente tenemos una Fiscalía fuerte quien nos podrá decir quiénes fueron los actores de este hecho.