Después de 30 años del Holocausto del Palacio de Justicia, son varias las dudas que todavía no se han podido esclarecer sobre qué sucedió realmente durante ese 6 y 7 de noviembre, cuando la guerrilla del M-19 se tomó las instalaciones, cruenta acción que fue respondida por el Ejército Nacional, en una acción de recuperación que está en entredicho por los métodos utilizados.
¿Se conocía de antemano el ataque?
Entre las dudas existentes está, en primer lugar, si las fuerzas de inteligencia sabían o no de un plan para atentar contra el Palacio de Justicia. En este caso, semanas antes, el 16 octubre, se había develado por parte del Ministro de la Defensa, General Miguel Vega Uribe, la existencia de un plan en ese sentido, que originó una reunión con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y del Consejo de Estado, Carlos Betancourt Jaramillo, según ha explicado este último, quien logró sobrevivir. En esa reunión se habrían acordado varias medidas de seguridad pero, no obstante, la seguridad se habría reducido justo el día del ataque, lo que motivó sorpresa en los juristas que además habían sido objeto de múltiples amenazas, como lo constató la Comisión de la Verdad en su informe final.
“A partir del 17 de octubre y hasta principios de noviembre, el Palacio de Justicia contó con un esquema excepcional de protección consistente en un oficial, un suboficial y veinte agentes de la Policía. Sin embargo, el día del asalto esa protección al palacio no existía”, dice el informe, que señala que para la Comisión es indiscutible que se debía establecer mecanismos para evitar el ataque que, se esperaba, iba encaminado al secuestro de los 24 magistrado de la Corte Suprema.
De acuerdo con la Comisión, la hipótesis “más probable” es la conocida como ‘La Ratonera’, que indica que el retiro de la protección especial fue un acto deliberado de algunos miembros de la fuerza pública, para permitir el ingreso del M-19 para tender una trampa a la guerrilla. Esta es una de las hipótesis que la Fiscalía estaría investigando actualmente y para lo cual se citarían a exintegrantes del Gabinete del entonces Presidente de la República, Belisario Betancur.
La actitud del Gobierno Nacional
Otra de las grandes dudas tiene que ver con la actitud del Gobierno Nacional y del Presidente de la República para atender la crisis generada, pues mientras se escuchaban disparos y explosiones y se pedía por parte del magistrado Reyes Echandía un cese el fuego, el operativo militar de recuperación inició y era liderado exclusivamente por los militares. Así lo aseguró el propio presidente Betancur a la Comisión de la Verdad: “No podía haber suspensión del operativo militar, pues como antes indiqué, de la ejecución misma de aquel operativo se encargaba exclusiva y excluyentemente la institución militar”.
Para esta Comisión fue un error no promover el diálogo y fue inaceptable que no se accediera a hablar con Reyes, si estaba en riesgo la vida de las personas atrapadas y que habían sido tomados como rehenes en el baño del cuarto piso del Palacio y menos bajo al argumento que hablar con este podría ser “inconveniente”. A pesar de esto, 30 años después todavía quedan dudas sobre el papel real del Presidente. ¿Hubo un golpe de estado de facto que impidió al presidente conocer los detalles del operativo? ¿Por qué no intercedió en ninguna instancia en el mismo?
Además, de la actuación del Presidente Betancur, también está en duda que habría podido pasar si no se hubiera censurado la transmisión por televisión de la toma por orden de la ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín.
La operación y los excesos
Frente al operativo del Ejército Nacional para recuperar el Palacio se cuestiona la capacidad de respuesta coordinada con la Policía, el presunto incumplimiento de una orden de cese el fuego, el ingreso de tanques sin autorización del Presidente, las actuaciones en el cuarto piso del Palacio en donde estaba la mayoría de rehenes y el guerrillero Andrés Almarales, quien estaba al mando de la operación. En específico, se tiene en duda quién provocó la muerte, pues versiones apuntan que los tanques dispararon contra este, abriendo un boquete y disparando indiscriminadamente.
En medio de la operación, todavía no hay claridad de cómo se inició el voraz incendio que consumió el Palacio de Justicia, si fueron varios focos y quién lo ejecutó.
Igualmente, entre las dudas que recaen sobre el Ejército está el manejo que se dio a las personas que salieron con vida del Palacio, pues se registraron torturas y señalamientos de ‘ser guerrilleros’ de manera indiscriminada e irregularidades que llevaron a que 30 años después no se conozca el paradero de al menos 11 personas. De acuerdo con los fallos que la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han proferido, los sobrevivientes fueron llevados a la Casa del Florero y luego a instalaciones militares en donde fueron torturados, entre ellos, la Escuela de Caballería.
En específico, está el caso del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio y luego su cadáver apareció en Medicina Legal, sin que se sepa hasta el momento quién es responsable de estos hechos. En cambio, la autopsia al cadáver develó que había muerto de un disparo a corta distancia.
La manipulación de la escena
Buena parte de las preguntas que tres décadas después no han podido ser respondidas se habrían originado en la manipulación de la escena. ¿Quién ordenó lavar el Palacio de Justicia? ¿Por qué se lavaron los cuerpos? ¿Por qué los cuerpos y sus prendas fueron tratados de forma errónea y no se preservó evidencia? ¿Por qué no se siguieron los protocolos existentes para el levantamiento de objetos, armas, pertenecías? ¿Por qué soldados barrieron todo el Palacio de Justicia?
Sobre este tema, la Comisión de la Verdad aseguró: “Esta situación, en cualquier caso, permitiría pensar que más allá de contribuir en el proceso de investigación, se quiso ocultar o borrar evidencias relacionadas con las causas de muerte de cada una de las víctimas, por cuanto no sólo no se guardaron los cuidados necesarios, sino que, además, no se siguieron los protocolos mínimos que se aplican a estas situaciones con el fin de preservar la evidencia que habría contribuido a establecer las causas de muerte y la identidad de los fallecidos”.
Los desaparecidos
La gran duda, y la que ha generado más dolor entre los familiares de las víctimas, es la suerte de sus seres queridos. Hasta hace apenas unas semanas se creía que habían 11 desaparecidos, lo que ha motivado una extensa disputa judicial. En este caso, por ejemplo, el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, asegura que la única desaparecida es la guerrillera Irma Franco y que el resto es un tema de cuerpos sin identificar.
El coronel Plazas fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en dos desapariciones, la de Franco y la del administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera, y ahora está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida si confirma ese fallo o lo revoca.
Pero, sorpresivamente, la Fiscalía anunció en días pasados el hallazgo de los restos de tres mujeres que se encontraban desaparecidas: Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera de la cafetería del Palacio; Lucy Amparo Oviedo, empleada de la cafetería; y Luz Mary Portela León, abogada que iba para el despacho del magistrado Alfonso Reyes Echandía, el primer día de los hechos.
Paradójicamente, con esos hallazgos queda en entredicho el paradero de otras dos mujeres que ahora figuran como desaparecidas, pues los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés fueron encontrados en los que se creía pertenecían a María Isabel Ferrer; lo mismo ocurrió con los restos de Luz Mary Portela León, que antes había sido identificada como Libia Rincón Mora.
La financiación
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, "todo apunta" a que si hubo una relación entre el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, y el M-19 para la realización de la toma del Palacio de Justicia. Esta versión, no ha podido ser establecida por la justicia colombiana. Lo que sí resalta, es un testimonio del sicario de Escobar, Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye', quien hasta la actualidad sigue ratificando su testimonio en este sentido.
Velásquez aseguró que Escobar entregó armas y dos millones de dólares al guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, quien falleció antes de la toma, e indicó que supuestamente la idea del narcotraficante era tomarse el Senado y no las Cortes. ¿Se alió el M-19 con Pablo Escobar? ¿Fue el incendio motivado para quemar todos los documentos relacionados en ese momento con la extradición que estudiaba la Corte?
Bogotá | Colprensa
