El fiscal delegado contra la Violencia de Niños y Niñas, Mario Gómez, señaló que en el marco de las investigaciones que se adelantan en contra del proxenetismo en Cartagena, hallaron tres establecimientos públicos con, al menos, 49 mujeres, 23 de ellas de nacionalidad venezolana. 

El reporte de las autoridades confirmó que las mujeres fueron llevadas al lugar bajo engaños y posteriormente fueron sometidas a prestar servicios sexuales. 

Los operativos de las autoridades se registraron en tres establecimientos nocturnos ubicados en el sector conocido como La Bomba El Amparo, a donde las jóvenes eran llevadas luego de prometerles oportunidades laborales. 

“Estas mujeres fueron rescatadas del dominio y intimidación de una presunta organización de proxenetismo que las mantenía en hospedajes ubicados en sótanos y en precarias condiciones, les proveían una alimentación inadecuada, les retenían las cédulas y pasaportes para tener control de su movimientos, las explotaban sexualmente y la mayor parte de los recursos obtenidos eran tomados por la misma red a título de ‘cobro’, por el alojamiento”, dijo el fiscal. 

En medio de los operativos, las autoridades hallaron libros con bases de datos de las mujeres que tenían en su poder. Según la Fiscalía, frente al nombre de la joven aparecía el monto de la deuda que tenían con ellos, y el promedio de servicios sexuales que debían cumplir para saldar la deuda. 

Dentro de los establecimientos públicos, las autoridades hallaron un pasillo secreto que comunicaba dos de los lugares ilícitos, y al parecer, era utilizado por clientes para sostener encuentros sexuales, y evadir los controles de las autoridades. 

Según el fiscal, “ahora las investigaciones se centran en ubicar y judicializar a los tratantes, es decir, los presuntos integrantes de la estructura criminal que cumplían distintos roles, desde el reclutamiento de las mujeres hasta su control y amedrantamiento que les impedía escapar”. 

Cortes anunció que los actos criminales que están investigando en estos momentos dan una pena de hasta 23 años.