La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó para el próximo el 8 de octubre, a las 8:00 de la mañana, en sus instalaciones, ubicadas en el norte de Bogotá, al senador Álvaro Uribe Vélez para que rinda indagatoria en un proceso que adelanta en su contra por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

Luego de que sea escuchado ese día por el magistrado César Reyes, lo que empezará será un proceso que, con seguridad, tendrá grandes implicaciones jurídicas y políticas. Sin embargo, como lo explica Claudia Orduz, docente de derecho de la Universidad Libre, el camino por recorrer será largo.

Inicialmente el senador debe presentarse en la fecha establecida por el alto tribunal para exponer allí su versión de los hechos. En caso de que los magistrados de la Sala determinen que no hay pruebas suficientes en su contra para adelantar una investigación, el proceso se archivará. De lo contrario, abrirán investigación formal. 

En este caso, los magistrados deberán conocer pruebas tanto testimoniales como documentales que permitan verificar o descartar la responsabilidad del expresidente en los hechos. Después del debate probatorio, que seguramente será intenso y prolongado, vendrá la etapa de juzgamiento, en el que Uribe estará ante dos escenarios: la condena o la absolución.

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¿Por qué fue llamado?

Uribe  Vélez fue llamado ante los tribunales por la supuesta intención de manipular testigos que lo han señalado de tener vínculos con paramilitares, especialmente, Juan Guillermo Monsalve. El senador ha negado enfáticamente los señalamientos.

Pese a su negativa, en el despacho del magistrado Reyes reposan ocho cuadernos principales, nueve anexos y seis reservados cada uno máximo de 300 folios, que sustentan el llamado a indagatoria. 

En el proceso adelantado contra Uribe, la Sala precisó que ya está dispuesta la práctica de pruebas que se habían pedido durante el proceso y se tendrá en cuenta una nueva. Igualmente, expusieron que no hallaron motivo para excluir los contenidos de las interceptaciones telefónicas que se realizaron en algún momento.

La Sala dejó claro que no hay recurso alguno con el que el senador pueda evadir el llamado a indagatoria, y reiteraron que la actividad probatoria en su contra nunca había sido suspendida.

Lo que dice su abogado

Una vez se conoció el llamado a indagatoria, el abogado penalista Jaime Granados entregó una declaración a los medios. Aseguró que la defensa acata el llamado del alto tribunal pero manifestó que la investigación en contra de Uribe se hizo con base en un supuesto.  

“Nosotros siempre hemos acatado los fallos judiciales estemos o no de acuerdo. El presidente (Álvaro Uribe) ha insistido, desde el comienzo, que le pidió a la Corte que le recibiera una versión libre para contar qué es lo que él ha hecho en defensa de su honor. No hay ninguna llamada, ninguna comunicación en donde el presidente haya hecho o dicho algo indebido. Allá estaremos”, argumentó el penalista.

Sobre los señalamientos de Monsalve, Granados aseguró que su defendido en la diligencia del 8 de octubre explicará el motivo por el cual no hay ningún hecho que lo relacione con tales argumentos. A juicio del abogado, “ese día todo quedará esclarecido”. 

El proceso de Uribe

Tuvo que pasar un poco más de un año para que el llamado de indagatoria al que fue citado el senador del Centro Democrático tuviera una fecha fija, si bien, inicialmente se había dicho que se realizaría en septiembre pasado esta no se surtió por decisión del alto tribunal.

En julio de 2018 el senador fue llamado ante los tribunales luego de que la corporación absolviera al también senador Iván Cepeda, acusado por Uribe de falso testimonio y determinara abrir un proceso en su contra. 

Desde que la Sala Penal del alto tribunal tomó dicha determinación con ponencia del expresidente de la Corte, José Luis Barceló, el proceso no avanzó lo suficiente, en medio de los recursos presentados por la defensa en los que se alegaba la nulidad del proceso y las recusaciones contra los magistrados que tenían a cargo el proceso.

Barceló quien dejó la corporación porque culminó su periodo manifestó en los inicios del proceso, el 24 de julio de 2018 que Uribe Vélez tendría garantías procesales como cualquier otro congresista o persona con fuero que ha llamado el alto tribunal. 

En ese entonces, la noticia sobre el llamado a indagatoria le cayó como un baldado de agua fría a Uribe y todos sus seguidores. Uribe alcanzó a contemplar la posibilidad de no continuar como miembro del Congreso de la República, de lo cual finalmente desistió. 

El 30 de julio, luego de decidir seguir adelante con su labor como senador, recusó al magistrado Barceló dado que a su juicio no había derecho a la defensa. 

Días más tarde desistió de la recusación y anunció que atendería a los llamados del alto tribunal que en un principio estaban programados para el 3 de septiembre de ese año.

Cuando entró en vigencia la nueva Sala Especial de Instrucción su expediente fue remitido a esta y en abril pasado llegó a manos de la magistrada Cristina Lombana, quien ha estado criticada y asediada por las constantes recusaciones en su contra, pues a juicio de los demandantes, la jurista fue subalterna del hoy senador cuando fungió como Presidente de la República, pues ella hacía parte de las Fuerzas Militares y eso le quitaría parcialidad al estudio del expediente. 

Luego de una sarta de recusaciones, ocurrió lo que no se esperaba la magistrada, sus compañeros de Sala decidieron aceptar las acciones en su contra y apartarla del proceso del expresidente. Desde ese momento, Lombana emprendió una lucha incansable por conocer de los procesos de Uribe, a juicio de ella, porque con tal determinación le vulneraban los derechos al buen nombre, la honra y el debido proceso. 

Pese a que Lombana ha hecho lo jurídicamente posible para seguir con el proceso del senador éste fue retirado de su despacho y entregado el 20 de mayo de este año al magistrado Reyes Medina.

El llamado a indagatoria del expresidente ha sido quizá el más estropeado al interior del alto tribunal, pues la misma acción en contra del excombatiente de las Farc ‘Jesús Santrich’ se registró a los pocos días de que la corporación conoció su expediente. Así ha ocurrido con casos similares como Odebrecht, entre otros.