Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con Hidroituango.
El fallo en segunda instancia de la Contraloría en contra del consorcio CCCI (conformado por Camargo Correa, Coninsa Ramón H y Conconcreto) y otras 23 personas jurídicas y naturales tiene la obra en una incertidumbre que solo puede ser comparable con la de abril de 2018, cuando empezó la emergencia por el derrumbamiento de un túnel que desviaba el río Cauca. Ahora los abogados de todas las partes buscan una salida y la salvación podría estar en un tutela interpuesta hace quince días.
Y es que aunque el alcalde Daniel Quintero y EPM han asegurado que los contratistas deben seguir cumpliendo con las obras y las obligaciones adquiridas (responsabilidad a la que no se ha negado nunca el consorcio, pese a que los han tratado de corruptos y los han querido hacer a un lado), el problema sería jurídico a partir del primero de enero.
Hay que tener en cuenta que CCCI y EPM están ante un panorama difícil, pues en el momento en que el Consejo de Estado regrese el fallo a la Contraloría, este quedará en firme y los constructores, por ley, tienen que entregar la obra o cesionarla, en ese momento la parálisis sería total.
Lo mismo sucederá con otros proyectos públicos que tienen Conconcreto o Coninsa Ramón H, como tramos del sistema de Transmilenio y la Ruta del Sol, por mencionar algunos.
Ahora la pelota la tienen el alcalde Daniel Quintero y EPM, pues es momento de revelar el plan "b" del que tanto se ha hablado en los últimos meses, pero que sigue siendo una incógnita.
Hace unos días, Quintero aseguró que tiene rodando un proyecto denominado Mirella, que en sus palabra se trata de “un plan de contingencia para que el proyecto continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta cuando haya un nuevo contratista”.
Es difícil saber cómo EPM responderá con sus capacidades en Hidroituango. Y es que en el frente de obra hay en este momento más de 5.000 personas, quienes se han encargado de sortear la crisis y que conocen su trabajo como nadie. Además, fuentes le señalaron a El Colombiano que Mirella no es más que una idea, pero que ni siquiera anda.
Será muy complicado encontrar una empresa que de la noche a la mañana se adentre en la montaña Capitán para terminar la casa de máquina y, además, mantenga la seguridad de un proyecto que está en vigilancia desde 2018.
Por otro lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no ha ampliado el permiso para que las obras superen el límite de la seguridad y avancen hacia la generación. Las fechas para empezar a funcionar en junio de 2022 no le cuadran a nadie, aunque Quintero y EPM quieran dar un parte de tranquilidad.
Como han dicho multitud de expertos, la única salida es que CCCI siga en la obra, pero el panorama no es nada alentador.
Sin embargo, parece que una tutela podría salvar el futuro del megaproyecto.
El pasado 17 de noviembre fue admitido este recurso para estudio, con el que se buscaría que la condena quede en firme después de que Mapfre pague el valor asegurado en la obra. Esta decisión tendría mucho sentido si se tiene en cuenta que ahora Mapfre está como afectada en la decisión de la Contraloría. Desde hace varios meses el Consorcio ha insistido en que la condena, de darse, debería tener en cuenta el pago total del seguro.
Un abogado cercano al caso aseguró que aunque es una posibilidad remota, y quizá la última que queda para garantizar el futuro de la obra, habría que esperar a que esta semana se decida esta tutela, que está en manos de la juez 17 de familia de Bogotá.
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