Pese a que el Gobierno de Iván Duque ya presentó el proyecto de Decreto con el cual establece la reanudación de aspersión aérea en el país, y el Gobierno de Estados Unidos celebró tal acción, aún hay movimientos en Colombia que están descontentos con el uso del glifosato como espermicida para erradicar los cultivos ilícitos.

El Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad De Justicia por ejemplo, expuso tres argumentos ante la Corte Constitucional, ente que dio órdenes para que todos los lineamientos para usar este químico estuvieran acorde a lo estipulado para cuidar el medio ambiente y la salud de los colombianos.

A juicio de la entidad, los requisitos que deben tener para usar el glifosato deben contar con “objetividad, imparcialidad y participación del proceso”, los cuales, para ellos, no se ha cumplido.

A su juicio no hay certeza de la probabilidad y la magnitud del daño que puede causarse, y hay evidencia científica del daño potencial del uso del químico, por lo que persisten las condiciones que motivaron la aplicación del principio de precaución, de parte del Gobierno y de la Corte.

Por último, concluyeron que la aspersión aérea es el método más costoso económicamente, menos efectivo en el mediano y largo plazo para reducir las hectáreas de cultivos ilícitos y además tiene mayores efectos colaterales.

Por estas razones, la entidad le pidió al Gobierno que se abstuviera de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato y al CNE que no autorice estas acciones.

“Apoyamos las medidas de reducción de cultivos ilícitos con menores impactos negativos contra los derechos humanos y que son más eficientes en el mediano y largo plazo”, dijo Dejusticia.

“El Gobierno debería aprovechar la oportunidad y tomarse en serio el fortalecimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, no solo para dar una respuesta con enfoque de derechos humanos a la problemática de los cultivos ilícitos, sino para cumplir la palabra pactada con las familias que se acogieron al programa de sustitución”, aseguraron.

Lo anterior, a juicio de Dejusticia, resulta clave para incentivar el diálogo social con las comunidades rurales que cultivan coca, quienes requieren menos represión y mayor desarrollo rural.

Sin embargo, el gobierno nacional considera que la aspersión aérea es una herramienta que “utilizada con precisión” y bajo el control efectivo de los riesgos a la salud y al medio ambiente, cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos por la Corte permitirá mayor efectividad en la reducción de los cultivos ilícitos.