‘Las madres de Soacha’, como se conoce el colectivo de mujeres quienes perdieron familiares suyos en los llamados ‘falsos positivos’, le entregaron este viernes a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informes relacionados con los hechos que las convirtieron en víctimas, se trata de 19 casos en total de hechos que -dicen- se habrían presentado en 2008.
Estos testimonios escritos serán analizados por el tribunal, el cual los cruzará con los informes que presentaron organizaciones sociales y de derechos humanos, junto con los de la Fiscalía General de la Nación para determinar qué pasó con esos 19 jóvenes quienes, al parecer, fueron buscados en el sector de Cazucá y Ciudad Bolívar, Bogotá, para luego ser presentados como bajas en combate.
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Estos informes pasarán a ser parte de las pruebas que se tendrán en cuenta para consolidar los casos que se juzgarán en el marco del Caso 003, dedicado a los ‘falsos positivos’ que se habrían cometido por parte agentes del Estado.
Gloria Astrid Martínez, es una de las integrantes de este colectivo y familiar de Daniel Alexander Martínez, asesinado el 6 de febrero de 2008, declaró que tuvo que buscar a su hermano durante ocho meses, hasta que finalmente lo encontró en una fosa común en Ocaña.
“Queremos esa verdad, el por qué los mataron y hasta el final de nuestros días visibilizaremos esto para que no se repita. Esto es una tortura, no tenemos vacaciones, ni navidad, ni nada. Mi familia se desintegró toda.”, expresó la señora Martínez.
Por su parte, Jackeline Castillo, representante legal de la Fundación de Madres Víctimas de falsos positivos en Soacha y Bogotá (Mafapo) le solicitó al general (r) Mario Montoya, quien se presentó el pasado jueves en el inicio de su audiencia de sometimiento a la JEP, que colaborara con el esclarecimiento de todos estos crímenes.
"Aprovechamos este momento para pedirle al general Montoya que diga la verdad. Que nos diga si el ministro de Defensa de entonces (Juan Manuel Santos) o el presidente de la República (Álvaro Uribe Vélez) dieron la orden de realizar esos ‘falsos positivos’. Él no puede decir que no sabía de esos crímenes. Hay muchos militares que confesaron esos homicidios pero necesitamos saber quién los ordenó. Le recalcamos al general que aquí estamos y necesitamos conocer la verdad", declaró Castillo.
Entre tanto, Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento del tribunal, manifestó que “es un honor que nos den este voto de confianza a pesar de todo lo que han tenido que sufrir”.
“Es una gran responsabilidad saber que nos dan una nueva oportunidad para darles razones para que confíen en el sistema judicial. Hoy reiteramos nuestro compromiso para hacer justicia, aclarar los hechos y llegar a la verdad. No nos vamos a quedar en quienes halaron el gatillo, compraron los uniformes y falsificaron los documentos oficiales para presentar los cuerpos ilegítimamente como bajas en combate".
Por último, la magistrada explicó que con el Caso 003 se espera aclarar cerca de 2100 casos de falsos positivos y que en el caso de los militares que se han sometido a la JEP, el 90% de ellos son investigados por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
