La actividad política y los estrados judiciales a veces tienen puntos de coincidencia que no siempre están relacionados con hechos de corrupción, pero que sí tienden lazos entre familias y cargos en el alto Gobierno que –según sus protagonistas pasa sin intención de que ello se dé– terminan conectándose.

Así se puede resumir lo que pasa con la demanda que la abogada y notaria de carrera Piedad Rocío Martínez tiene interpuesta contra la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio del Interior, este último despacho que ocupa su hijo, Daniel Palacio, desde el pasado 22 de diciembre.

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Resulta que la jurista, con al menos dos décadas de experiencia en la carrera notarial, presentó una demanda contra la Nación hace 13 años por una lista de elegibles para ocupar el cargo titular de una notaría en Bogotá, en la cual quedó en el puesto 88.

Martínez, con petición de indemnización incluida –cercana a los 5.000 millones de pesos–, pidió revisar los resultados de esa lista, porque quedó por fuera de los elegibles, y al negársele la petición decidió llevar el tema a estrados judiciales por considerar que sí tenía las aptitudes requeridas para que su nombre fuera tenido en cuenta para ocupar la titularidad de una notaría en la capital colombiana.

La demanda fue contra la Supernotariado y el entonces Ministerio del Interior y de Justicia –que en 2011 se dividió en dos (Interior y Justicia por aparte)–, y desde ese momento ha recorrido diversos despachos judiciales hasta llegar al Consejo de Estado, donde la tiene el magistrado César Palomino Cortés.

Hace exactamente un mes al despacho de este togado llegó una petición de suspensión de términos por un mes, debido a que las partes lograron una negociación para analizar si es viable o no un acuerdo previo que permita retirar esta vieja demanda. Y ahí salió a relucir el nombre del hijo de la notaria.

La Notaría 24

En efecto, el sábado pasado se reveló que la notaría 24 de Bogotá estaba siendo manejada en encargo –por instrucción del Gobierno Nacional– por la también notaria Ángela María Uribe Escobar, hermana de Jorge Humberto de Jesús Uribe Escobar, quien falleció en agosto pasado luego de estar 13 años como notario en propiedad de ese despacho capitalino.

Los dos, Ángela María y Jorge Humberto, son hermanos del exsenador Mario Uribe Escobar, condenado por el escándalo de la parapolítica y quien, a su vez, es primo del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Todos con algún tipo de arraigo en Antioquia.

¿Cómo encaja la mamá del Ministro del Interior en esta historia? Pues la jurista aspira a estar ahora en la lista de elegibles de la que debe salir la persona que ocupe, en calidad de titular, la Notaría 24 de Bogotá y –aunque el cargo de su hijo no le genera impedimento legal alguno– se han generado suspicacias por la posible intervención del funcionario.

No obstante, desde esa cartera ministerial indicaron que la notaria de carrera Martínez logró fallos a su favor en primera y segunda instancia –en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en el mismo Consejo de Estado– y solo falta que se resuelva el recurso de súplica que interpuso la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para intentar evitar el pago de la indemnización.

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El pronunciamiento a favor va en el sentido de nombrarla en una notaría de categoría alta, acorde con su experiencia, y se reconoce un error del Estado en la elaboración de la lista de elegibles en la que ocupó el puesto 88; por eso, se ordenó dejarla en la casilla número 10. Es por eso que –según se estableció con fuentes judiciales y políticas– la mamá del Ministro del Interior podría llegar a ocupar la notaría que hoy en día tiene el ‘sello’ de los Uribe Escobar.

Pero, de acuerdo con información emanada del Gobierno, Palacio no puede intervenir en este proceso, porque desde la escisión del ministerio que hoy ocupa del de Justicia –en cabeza de Wilson Ruiz– los asuntos notariales son del resorte, precisamente, de la cartera de Justicia.

Y si bien admiten que como parte mencionada en la demanda de la mamá del Ministro, la cartera de Interior debe ser notificada de los avances del proceso, desde el Ejecutivo recordaron que el proceso data de 2008 y que Palacio –quien antes de llegar al cargo era Concejal de Bogotá por el Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe– se posesionó a finales de 2020.

En todo caso, por ahora está por resolverse la etapa de fórmula conciliatoria que desde el pasado 31 de agosto busca una salida ‘amistosa’ entre la abogada Martínez y la Superintendencia de Notariado, pero al mismo tiempo está corriendo el mes de suspensión de términos que pidieron para el recurso de súplica ante el Consejo de Estado.

Y es en este contexto que se espera la resolución definitiva de la demanda de la mamá del Ministro del Interior contra la Nación, porque dependiendo de cómo resulte este proceso se procederá a designar en propiedad al notario 24 de Bogotá.

Si se decide judicialmente que la jurista Martínez queda en ese cargo, los padres de Daniel Palacio –lo cual no representa inhabilidad ni ilegalidad– quedarían al frente de importantes despachos notariales de Bogotá, pues su papá –Daniel Ricardo Palacios Rubio– es la cabeza de la notaría 29 de la capital.

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