Los 51 años de cárcel a los que ayer fue sentenciado Rafael Uribe Noguera, podrían convertirse en 35 por derechos de estudio y trabajo en prisión.
Así lo considera el abogado penalista Jaime Lombana, tras advertir que a los 73 años el arquitecto Noguera tendría la posibilidad de salir a hacer lo mismo, calificándolo como un sicópata, sin posibilidad de resocialización.
La sentencia fue duramente criticada por la Fiscalía, que apeló la decisión y pidió en cambio la máxima condena en Colombia, 60 años.
El arquitecto fue sentenciado por el Juzgado 35 de conocimiento de Bogotá por su participación en el rapto, abuso y asesinato de la menor Yuliana Samboní, de 7 años, ocurrido el domingo 4 de diciembre de 2016.
Juvencio Samboní, el padre de Yuliana, también rechazó el veredicto y dijo que faltó justicia; “estaría de acuerdo que se diera la pena de muerte, pero siempre hay obstáculos y ponen las penas bajas”, agregó.
La administradora de justicia sentenció a Uribe Noguera por los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y secuestro agravado, que le fueron imputados por la Fiscalía y de los cuales se declaró culpable en la audiencia de acusación celebrada en enero de este año. Además le impuso pagar una multa de 100 salarios mínimos, unos 75 millones de pesos.
Uribe Noguera fue responsabilizado de haber raptado a la menor en una camioneta en el barrio Bosque Calderón, en la localidad de Chapinero.
En varios videos quedó registrado el automóvil y el trayecto que hizo Uribe Noguera hasta llegar al edificio en el que falleció la niña.
El Juzgado dijo que celebraba que la Fiscalía resolviera este caso en tiempo récord logrando la identificación del agresor, así como conseguir la aceptación de cargos del procesado.
“La condena a Rafael Uribe Noguera debe reflejar el repudio general que sus actos ocasionaron”, dijo la jueza, quien agregó que no hay rebaja de la pena a pesar de la aceptación de los cargos.
Piezas claves
Para el Juzgado, además de la confesión de Uribe Noguera hay varias evidencias que dan cuenta de que la menor fue llevada a un apartamento del edificio Equus 66 que estaba a nombre del condenado, y allí fue abusada y posteriormente asesinada.
“El señor Uribe Noguera tomó rumbo al barrio Bosque Calderón, de allí raptó a la menor de 7 años. Posteriormente, fue visto entrando al edificio Equus 66 (…) Las fotografías muestran la posición de la menor en el vehículo, y las prendas que describieron sus familiares que portaba. Hay evidencia de la entrada de la camioneta al edificio”, indicó.
En su fallo, la funcionaria argumentó que existen varios testimonios y videos de los hechos que rodearon el homicidio.
Además, dos menores presenciaron directamente cómo la niña fue engañada para que se acercara a la camioneta del ahora condenado.
Para la jueza, Uribe Noguera aprovechó la condición de “mujer, niña y pobre” de la menor. Y previo al crimen, analizó con detalle estos factores, sumado a la falta de seguridad del barrio, para cometer el hecho.
Es decir, que según la administradora judicial, “escogió a su víctima por su alto grado de indefensión”.
La muerte
Según la sentencia, la muerte de la niña ocurrió luego de que fuera sometida a “descomunal violencia”, aprovechando que no pudo pedir auxilio, dado que Uribe Noguera le ordenó al celador Fernando Merchán (quien posteriormente se suicidó) no dejar entrar a nadie a su apartamento; además le pidió que negara su presencia en su domicilio.
“La muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento, además los dictámenes concluyen que hubo una actividad sexual violenta. El Juzgado puede concluir que la menor fue sometida por un tercero a hechos relacionados con acceso carnal, sin su consentimiento”, indicó.
Ahora, será el Tribunal Superior de Bogotá la instancia que determine si impone la máxima pena de prisión.
Los hermanos Noguera
El Juzgado 42 de conocimiento de Bogotá dejó en firme la orden para que Catalina y Francisco Uribe Noguera, hermanos del condenado, no puedan salir del país, y respondan penalmente por su presunta participación en el crimen de la niña Yuliana Samboní.
En una apelación presentada por la defensa de los procesados, pedían que se les levantara la medida de aseguramiento, sin embargo, la jueza del caso consideró que se debía mantener la prohibición para que no puedan salir al extranjero, y además deberán tener buena conducta y notificar la dirección de su domicilio ante las autoridades.
Los hermanos habrían buscado favorecer a Rafael borrando una serie de mensajes de texto y registros de llamadas telefónicas, que habían realizado entre ellos el día de los hechos.
El ente acusador pudo establecer que los Uribe Noguera borraron parte de las comunicaciones, incluso las hechas en el celular de Rafael, en busca de darle credibilidad a la versión que inicialmente quisieron dar ante las autoridades.
