Un urgente llamado hizo la Defensoría del Pueblo a las autoridades para que adopten cuanto antes medidas que permitan disuadir y controlar los factores de violencia y amenazas que están desencadenando el desplazamiento de miles de colombianos en el suroccidente del país, el Catatumbo y la frontera colombo-venezolana.
De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, en lo corrido de 2021 se han registrado 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 rurales, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias, equivalentes a unas 11.150 personas.
Esto indica que, entre enero y lo que va corrido de marzo se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana en el territorio nacional, desatando una revictimización de la población campesina y étnica.
“Estos hechos de violencia protagonizados por diferentes grupos armados ilegales son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad y donde la Defensoría ha detectado dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros”, señaló la Defensoría en un comunicado.
En este se advirtió que los habitantes de las zonas que se encuentran en permanente disputa por parte de los grupos armados ilegales se enfrentan a situaciones como homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control.
“Los escenarios se multiplican, participando diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones que cambian según los territorios, y que entre el 1 de enero y la fecha han generado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo venezolana”, dice el comunicado.
Según la Defensoría, en 2021, por cuenta de estos hechos de violencia que mantienen en vilo a las comunidades rurales, principalmente, la entidad ha desplegado ayuda humanitaria en el Catatumbo, El Salado, el sur del Cauca, el bajo cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó y en el Alto Baudó.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, insistió en que es necesario brindar medidas de protección que ayuden a mitigar el riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones eficaces que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población, particularmente aquella en situación de desplazamiento y confinamiento.
Además, planteó que es urgente también ofrecer atención humanitaria de emergencia y la restitución de los derechos a las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.
