Enamorar y seducir niñas entre los 12 y 16 años para que sean las parejas sexuales y sentimentales de los comandantes; ofrecerles dinero a niños y adolescentes, en especial migrantes venezolanos a cambio de integrarse a sus filas; falsas promesas de empleo en redes sociales y sacarlos directamente de las escuelas, siguen siendo las modalidades más usadas de los grupos armados al reclutar menores de edad en el país. Una práctica que no se detiene.

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Así lo reveló un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que indica que más de 470 niños y adolescentes han sido reclutados forzosamente en el país desde 2016, por parte de Grupos Armados, en 242 hechos.

Lo anterior para ser usados como informantes, vendedores de estupefacientes anclados a actividades de microtráfico, repartidores de panfletos, personal de trabajo en los campamentos y también como víctimas de trabajo sexual.

Los departamentos más afectados por estos hechos violentos son Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca y Arauca.

A nivel municipal este fenómeno se concentra en zonas de disputa territorial donde hay presencia de dos o más grupos armados. Es decir en Buenaventura, El Litoral de San Juan, Ituango, Bajo Baudó, Quibdó, Tumaco, Arauca, Puerto Asís, Argelia, Alto Baudó y Tarazá, entre otros.

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En estos municipios, según el informe, los reclutamientos son ejecutados en su mayoría por las Disidencias de las Farc y el ELN. En el caso específico del departamento del Chocó el ELN y el ‘Clan del Golfo’ son los principales responsables de estos hechos debido a sus enfrentamientos constantes por el control de los principales corredores de los ríos.

Sin embargo, la JEP aclara que el reclutamiento de menores presenta problemas notorios de subregistro de información por lo que las cifras serían mucho mayores de las que se conocen. Esto porque los grupos armados utilizan el reclutamiento como arma de guerra y de control territorial, y cuando reclutan a un niño presionan a sus familias para que no entreguen información a las autoridades competentes.

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