El presidente Iván Duque anunció esta semana que en promedio 569.000 estudiantes de las universidades públicas del país tendrán rebajas de entre el 70 y el 73 % en las matrículas. Entre ellos, 400.000 alumnos tendrían la matrícula cero asegurada. Todo esto tras lograr una inversión de casi un billón de pesos durante la emergencia.
Pero aunque suena positivo, el anuncio causó reacciones de rechazo en el sector educativo, pues los líderes del movimiento estudiantil afirmaron que el presidente Duque no ha hecho nuevos aportes para cubrir la matrícula cero, que los recursos son insuficientes o que la responsabilidad de cubrir la matrícula se delegó en universidades y entes territoriales.
La matrícula cero se ha convertido en una prioridad de la lucha estudiantil ante un panorama de pandemia, que deja un desempleo del 24,9 % y del 26 % en jóvenes, y ante una posible deserción de entre el 30 % y el 50 % en las universidades.
Para cubrir la gratuidad del semestre a todos los estudiantes se necesitan al menos 800.000 millones de pesos, pero lo que dicen los líderes estudiantiles es que el dinero otorgado por el gobierno es insuficiente y sigue dejando por fuera a muchos jóvenes de estratos 3, 4 o 5 o a estudiantes de posgrados, todos afectados por la emergencia sanitaria.
José Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), dijo que el gobierno otorgó 97.500 millones de pesos para las 62 instituciones públicas en el país, a través del decreto 662 de 2020, con el que se creó el Fondo Solidario para la Educación.
“Estos 97.000 millones de pesos son para 33 universidades y 29 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Eso lo que quiere decir es que el gobierno ha intentado decir que va a ayudar en la matrícula de estratos 1 y 2, pero lo cierto es que al distribuirlos entre universidades ni siquiera alcanza para esos estratos”, enfatizó Cárdenas.
Además, para el presidente de Acrees, el gobierno está anunciando como recursos nuevos fondos que ya existían con políticas antiguas. “Juntan todos los recursos de ‘Ser Pilo Paga’, que es una política que ya venía de atrás, y de generación E y lo junta con el presupuesto que ya había dado”, aseguró.
Cárdenas afirmó que la respuesta del gobierno ha sido endeudar más a los jóvenes y a la universidad, pues “abrió una línea de crédito de 16.000 nuevos cupos con el Icetex y abrió otra línea de crédito con el Findeter para prestarle a las universidades, es decir, no ofrece el presupuesto, sino que ofrece endeudamiento para estudiantes, familias e instituciones”, reclamó.
Según Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, durante la emergencia sanitaria los claustros educativos han asumido los costos de la educación a distancia.
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“Ha implicado que las instituciones invirtamos un recurso importante para mejorar lo que es la conectividad y la banda ancha, para mejorar nuestras áreas de sistemas, para hacer procesos de capacitación y formación en temas de tecnología para los profesores, y esto son recursos concretos que no contábamos”, dijo Martínez.
El otro problema que ronda la matrícula cero, y que critica fuertemente el movimiento estudiantil, es que además de recursos propios de las universidades, los recursos están saliendo de los fondos de las alcaldías y gobernaciones.
Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Nariño, Karen Delgado, parte del Comando universitario de la institución y líder de la negociación de la matrícula cero, explicó que la Alcaldía de Ipiales aportará 178 millones de pesos y la Gobernación de Nariño 1.800 millones para este beneficio.
Aunque se han logrado avances de las universidades, los recursos son cortos para financiar a la totalidad de sus estudiantes y en tiempos de pandemia muchos quedan sin beneficios financieros y desertan de sus proyectos educativos.
Política de estado debe transferir más recursos a las universidades
Para el rector Fabio Martínez, el lío viene de un problema estructural de financiación, pues Colombia invierte en educación el 4,5 % de su Producto Interno Bruto, por debajo de otros países de la región como Brasil, que invierte el 6,7 %, o Ecuador, que invierte el 5,5 %.
Dice que debe hacerse una política de estado “que transfiera más recursos a las universidades públicas”, haciendo que la educación superior pública de calidad y gratuita no sea un discurso abstracto, sino que se concrete con recursos para fortalecer las instituciones.
Para José Cárdenas, representante de Acrees, la responsabilidad está en manos del Gobierno Nacional, “pues es el único que tiene el músculo financiero para garantizarlo a través del recaudo del IVA y el impuesto a la renta”.
El movimiento estudiantil afirma que el gobierno “puede recurrir a las reservas en el exterior, puede renegociar la deuda pública externa, hacer ajustes en el presupuesto del país, dejar de hacer exenciones tributarias a las multinacionales y de eso, podría sacar alrededor de 70 billones de pesos”.
