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“Medidas del Gobierno para proteger líderes sociales son insuficientes”

Viernes, 14 de Enero de 2022
Human Rights Watch (HRW) reveló que Colombia afronta una grave situación de seguridad y derechos humanos.

 

En un informe de más de 700 páginas enfocado en América Latina, Human Rights Watch (HRW) reveló que Colombia afronta una grave situación de seguridad y de derechos humanos. El documento asegura que el conflicto ha tomado nuevas formas y el estado ha adoptado medidas insuficientes para proteger a los ciudadanos.

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La ONG empieza asegurando que, desde la firma del acuerdo de paz, la violencia relacionada con el conflicto se ha transformado y los abusos de los grupos armados, incluidos asesinatos, masacres y desplazamientos forzados masivos, aumentaron en muchas áreas remotas de Colombia en 2021.  

“La población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y grupos sucesores del paramilitarismo” y enfatiza que ante las amenazas que han debido sufrir los ciudadanos, el Gobierno, “ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos”.

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Muestra de ello, para HRW, es lo sucedido en el marco del Paro Nacional, cuando a finales de abril miles de personas salieron a las calles a protestar. “En reiteradas oportunidades, la policía dispersó de manera arbitraria manifestaciones pacíficas e incurrió en un uso excesivo —y a menudo brutal— de la fuerza, que incluyó el empleo de municiones letales y violencia de género”.

Así mismo, el informe asegura que los graves problemas de derechos humanos que persisten en el país, incluyen “la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, y las condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas y afrocolombianas”.ebau

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Informe sobre protección a líderes sociales

 

Guerrillas y disidencias 

 

De acuerdo con el informe, hasta septiembre de 2021, más de 290 excombatientes de las Farc fueron asesinados.

Así mismo, HRW resalta que las disidencias de las Farc y otros grupos armados, incluído el Eln, han cometido múltiples masacres. “La Oficina de la ACNUDH documentó 76 masacres durante 2020 —la cifra más alta desde 2014— y recibió información sobre otras 82 entre enero y septiembre de 2021”.

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En el municipio de Argelia, departamento de Cauca, asegura la ONG, las disidencias de las Farc han cometido graves abusos, como homicidios, masacres y secuestros, que han obligado a miles de personas a desplazarse.

Asimismo, en la costa pacífica del departamento de Nariño, los combates entre varias disidencias de desplazaron a más de 23.000 personas entre enero y mediados de agosto.

En relación al confinamiento, de acuerdo con el informe, en el departamento del Chocó, dados los constantes enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 33.000 personas permanecieron confinadas, por las constantes amenazas de los grupos armados y los peligros del fuego cruzado.

El documento advierte que, a fines de julio de 2021, los combates entre las AGC y una disidencia de las Farc, así como las amenazas de grupos armados, obligaron a más de 4.000 personas a huir del municipio de Ituango, en Antioquia.

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Informe sobre protección a líderes sociales

 

Abusos cometidos por la Policía 

 

HRW asegura que, en el marco de la protesta social, policías cometieron graves violaciones a los derechos humanos. “Human Rights Watch halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales. Cientos de manifestantes resultaron heridos y algunos sufrieron pérdida de visión posiblemente permanente en un ojo, como aparente resultado de cartuchos de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras o proyectiles con impacto cinético disparados con armas antidisturbios”.

Así mismo, el informe destaca que, en junio, la Defensoría del Pueblo informó haber recibido denuncias sobre 5 casos de violación y más de 100 casos de violencia de género por parte de policías, que incluían bofetadas y abuso verbal. Entre las víctimas había personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

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“La policía detuvo arbitrariamente a cientos de personas, en algunos casos empleando indebidamente una disposición del derecho colombiano que les permite “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros”, indica la ONG.

 

Violencia contra activistas 

 

HRW asegura que más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016. “Ello convierte a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas de asesinatos de defensores a nivel mundial”.

El informe advierte que, hasta septiembre, la ACNUDH había documentado el asesinato de 78 defensores de derechos humanos en 2021 y se encontraba verificando otros 34 casos.

“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo, entre otras, la producción y el tráfico de drogas”, dice la ONG. Estas zonas incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño en el sur; la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y la región del Bajo Cauca.

“Colombia ha establecido un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente, en especial la de aquellas medidas que surgieron del acuerdo de paz de 2016”, dice HRW.

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Así mismo, el informe es duro en asegurar que los programas de protección colectiva creados conforme al acuerdo de paz para comunidades en riesgo y organizaciones de derechos, no se han implementado.

“La Unidad Nacional de Protección ha otorgado medidas de protección individual a cientos de defensores de derechos humanos que han denunciado amenazas. Estas medidas incluyen teléfonos celulares, chalecos antibalas y escoltas. Pero muchos defensores asesinados no habían denunciado amenazas ni solicitado protección”.

La ONG asevera que el Gobierno no ha convocado de forma periódica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe diseñar políticas para desmantelar a los grupos armados responsables de asesinatos de defensores de derechos humanos. “La comisión ha conseguido resultados limitados”.

HRW destaca el trabajo de la JEY y asegura que, en 2021, el organismo “logró avances históricos en la investigación y el juzgamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como al ordenar que el gobierno implementara planes establecidos en el acuerdo de paz para proteger a personas en riesgo”.

 

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