La ministra de Eduación, Gina Parody, informó que son tres los grupos de entidades que presentan irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los departamentos de la Costa y los Santanderes. Estas redes habrían manejado más de dos billones de pesos.
La funcionaria pidió a la Contraloría General de la República, a la ProcuradurÍa y a la Fiscalía, investigar a estas entidades. Además, les hizo un llamado a las Alcaldías y Gobernaciones para que conozcan cuáles han sido los operadores que hacen parte de esta red y realicen procesos de participación con varios oferentes para garantizar la transparencia y una buena prestación del servicio.
“Estas redes se han sofisticado cada vez más para ganar contrataciones de alimentación escolar. Una de sus tácticas es el cambio de nombres”, manifestó Parody, quien dio a conocer los resultados de un trabajo desarrollado por el grupo de monitoreo y control del PAE y de las denuncias hechas por el Ministerio de Educación.
Una red que denunció el Ministerio de Educación opera en Norte de Santander, está liderada por José Antonio Manrique; quien no solo habría celebrado contratos de alimentación escolar, sino también de prestación del servicio educativo. Lo anterior por medio de fundaciones, consorcios y uniones temporales.
Las otras dos redes operan en la Costa Atlántica, una está liderada, según el ministerio, por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo. Las personas señaladas son las representantes legales de la red que habría celebrado contratos de alimentación escolar desde el 2007, por intermedio de fundaciones, consorcios y uniones temporales; por un valor aproximado de 449 mil millones de pesos.
De acuerdo con el Ministerio, este grupo de personas habrían firmado estos contratos mediante fundaciones que, en algunos casos, han cambiado sus nombres. Este es el caso de la Fundación Acción Social Integral, antes llamada Kábala y Fundación Pa'Todo El Mundo.
"La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del PAE involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales”.
Otras fundaciones que se han visto involucradas en esta red son la Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá (Corperijá), la Unión Temporal en los Años Dorados (unión entre Wakuzari y Corperijá), el Consorcio Años Dorados (alianza entre Corperijá, la Fundación Provenir y Proveer Nuevo Milenio).
Latercera red identificada por el Ministerio de Educación están involucrados Adiela Álvarez, Marlene Ester Vásquez, Berna Luz Guillén Carranza, Nini Johana Baraja y Leung Waiy Hon Díaz, como representantes legales. Los sindicados también habrían realizado contratos por medio de fundaciones y uniones temporales, por un monto aproximado de 129 millones de pesos, desde 2012.
En este caso, también se habrían presentado uniones temporales que según la Ministra, “han permitido a algunos operadores ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el PAE".
En esta tercera red la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (GERS) tiene alianzas con Mauro's Food, Fundación Proveer Nuevo Milenio, Sydac y Nutricol; uniones temporales que han permitido las contrataciones en el PAE.
"Estas redes han venido tejiéndose por años, son empresas que en muchas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos para prestar el servicio y se han apoderado históricamente de este negocio. Por primea vez le estamos poniendo el rostro a quienes se esconden detrás de estas empresas", concluyó Parody.
*Bogotá | Colprensa
