Los departamentos de Amazonas y Meta pasan por un momento complejo por el riesgo de la población carcelaria de contraer la COVID-19. En la cárcel de Leticia, de las 183 reclusos hay 90 contagios, mientras que en Villavicencio de los 1.723 internos hay 872 infectados con el virus.

Estas cifras revelan la triste realidad que viven estas personas, con más del 50% de la población de estos centros de reclusión con la enfermedad que tiene hoy en jaque no solo a Colombia, sino al mundo entero, pero donde las personas privadas de la libertad pueden resultar seriamente afectadas.

La Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo ha venido denunciando una serie de irregularidades que vienen ocurriendo en el centro de reclusión en Villavicencio, entre ellos una alimentación deficiente en medio de la pandemia, según han manifestado los mismos reclusos del penal.

“Afirman que no hay médico y los están condenando a la pena de muerte... Es importante precisar que los sindicatos del Inpec denuncian que no se hizo nada para implementar protocolos que permitieran prevenir la COVID-19", resaltó la organización.

La organización afirmó que hay 960 miembros de la población carcelaria contagiados a nivel nacional y 3 muertes de reclusos por falta de prevención en las cárceles de Colombia.

Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación, señaló que se ha venido haciendo un seguimiento de acuerdo a las denuncias que han llegado tanto de miembros del Inpec como de personas recluidas y sus familiares sobre la falta de condiciones dignas de salubridad y servicios de salud.

“Con respecto a las pruebas que se deben aplicar a la población carcelaria, hemos sido insistentes para que el Gobierno Nacional garantice la aplicación de estas para descartar el contagio en los 132 establecimientos carcelarios. Infortunadamente, solo se están aplicando de acuerdo a la sintomatología que presente el recluso”, resaltó Echeverry.

En la cárcel de Villavicencio, cuando solo había 20 contagios se habló de la importancia de aplicar las pruebas a las 1.700 personas que están allí. Las pruebas se han hecho paulatinamente y se han detectado más casos, sin embargo, la directora señaló que aún no se han hecho en su totalidad.

Asimismo, el acceso al servicio de salud en gran parte del sistema carcelario del país es precario por falta de insumos de protección al personal. Esto sumado a los casos de personas con enfermedades graves o mayores de 60 años complica aún más, hace que la tasa de mortalidad aumente.

“La Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), no ha hecho entrega de elementos de bioseguridad, ni para reclusos ni para guardias. Solo mediante familiares o colectivos, se han recaudado fondos para adquirirlos”, concluyó la directora.