En un debate netamente político entre el gobierno y sus partidos aliados frente a la oposición, se discutió sobre los incumplimientos que han tenido las Farc para ajustarse a lo pactado en los acuerdos de paz que permitieron su desmovilización en 2016.

En general, según reportó el Gobierno Nacional, las Farc no cumplieron con la entrega de todos los bienes a que se había comprometido, los mapas de los campos que están sembrados de minas antipersonal y el dinero en efectivo apenas se llegó a menos de 2500 millones de pesos y unos 800 mil más en dólares y oro, para un total de $3.300 millones.

De acuerdo a Virginia Torres, gerente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, en “dinero efectivo había un ítem de 12.000 millones, pero al restar una serie de observaciones más de 9500 millones no estaban reglados, si bien estaban registrados habían sido sustraídos”. A su turno el consejero de la estabilización, Emilio José Archila, sostuvo que por concepto de dólares y oro, que también entregaron, se tienen otros recursos.

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La gerente de la SAE, recordó que las Farc habían hecho un inventario de entrega de bienes por 967.000 millones, y que estaban reportados en inmuebles, armamento, infraestructura, semovientes, muebles, enseres, joyas, pero que entre las armas y la infraestructura eso era más del 44 % de todo el registro, pero no todo podía ser monetizable por varias razones.

Explicó, además, que ese inventario era muy impreciso, porque cada frente en que operó las Farc daba una cifras sin que se pueda calcular, y citó como ejemplo que se reportaron más de 300 vehículos a entregar, pero al revisar muchos estaban robados, otros dañados y unos incahutados por el Ejército.

Incluso señaló que, en esta última etapa, los bienes, en especial los inmuebles, no se han podido recibir porque el coronavirus ha afectado también la movilidad tanto de los miembros de las Farc como de la SAE para identificar los bienes, eso sumado a que muchos de esos predios no están identificados en los municipios o sus coordenadas son equivocadas.

Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, destacó que el gobierno sí está cumpliendo con los compromisos del acuerdo de paz, y frente al tema de las muertes de los desmovilizados explicó que una parte de ellas se ha dado porque varios de ellos no quisieron tener la seguridad que les ofrece la UNP.

En lo político, el debate se calentó cuando la senadora citante, Paloma Valencia, relacionó con el debate a la Justicia Especial de Paz, JEP, tanto en su integración de los magistrados, como de algunos funcionarios, entre ellos la esposa del senador Iván Cepeda. Frente ese comentario, el senador de la oposición señaló que lo dicho por Valencia fue difamatorio y sin sustento legal.

Un aspecto más en el que se debatió fue sobre la entrega de los menores de edad que estaban en la filas de las Farc, y que según la congresista del oficialismo no devolvieron a todos.

Por su parte, el senador y expresidente Álvaro Uribe, sostuvo que no comparte la JEP, como otros beneficios que le dieron a las Farc, “estoy en desacuerdo con el proceso y los respeto a ustedes (los congresistas de las Farc) como personas y respeto su voluntad”.