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Momento en el que fiscal recibe dinero por el caso Santrich

Sábado, 2 de Marzo de 2019
Al parecer, el funcionario de la JEP y un exsenador aceptaron 500 mil dólares para frenar la extradición del exjefe guerrillero.

El caso de Santrich estuvo bastante agitado este viernes por cuenta de informaciones relacionadas con su pedido de extradición y con su curul en el Senado. El exintegrante de las Farc permanece en una celda de la cárcel La Picota a la espera de que se resuelva su situación jurídica y se destrabe su comparecencia ante la justicia de los Estados Unidos. 

Sobre este tema, en la tarde de este viernes, la Fiscalía anunció la captura de varias personas que estarían relacionadas con un presunto pago a un fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “para incidir en trámite de Zeuxis Hernández”, de acuerdo a un trino publicado en la cuenta oficial del ente acusador. 

Los detenidos son el fiscal Carlos Bermeo y el exsenador Luis Alberto Gil, conocido con el remoquete de ‘El tuerto’, político santandereano condenado por la Corte Suprema de Justicia en un proceso por parapolítica luego de que se comprobaron sus nexos con el Bloque Central Bolívar. 

Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano también fueron detenidos en el operativo del ente acusador adelantado en un lujoso hotel del norte de Bogotá.

Información preliminar de la Fiscalía da cuenta de que la detención se dio cuando Bermeo y Gil recibían 500 mil dólares para frenar la extradición de Santrich a los Estados Unidos que lo requiere para que responda por delitos relacionados con narcotráfico. 

Tras la divulgación de la información surgieron varios interrogantes, uno de ellos apuntaba a qué intención tendría el exsenador afín a la causa paramilitar, de acuerdo a la sentencia de la Corte, de ayudar a un exguerrillero para que ni fuera enviado a la Corte estadounidense. 

El segundo, sobre la facultad del fiscal de la mencionada unidad de la JEP para “incidir” en la decisión de extradición. Al respecto, la JEP emitió un comunicado de tres puntos en el que precisó que la Unidad de Investigación y Acusación no tiene ningún rol en el proceso de extradición de Jesús Santrich. 

“La UIA NO tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición, contemplada en el artículo 19 transitorio de la Constitución Política (sic)”, señala el primer punto del documento. 

Posteriormente, en una declaración leída por Giovanny Álvarez Santoyo, director de la UIA, señaló desde ese organismo no tienen información adicional a la que publicó la Fiscalía en sus redes sociales y que están a la espera de más datos sobre el caso. 

Sin embargo, manifestó que “de comprobarse la participación del fiscal Carlos Julián Bermeo en los hechos informados hoy por la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación condena dicho comportamiento y confía en que la ley será implacable en el juzgamiento de personas que, con este tipo de actuaciones, empañan la labor de esta Jurisdicción”.

No más pruebas: Estados Unidos 

Horas antes de que se divulgaran estas capturas, Santrich celebraba dos victorias. La primera relacionada con la respuesta del Departamento de Justicia de los Estados a la petición colombiana de enviar más evidencias para soportar el pedido de extradición en contra del exjefe guerrillero. 

La misiva llegó el 26 de febrero pasado al Ministerio de Justicia y de inmediato fue enviada a la Sección de Revisión de la JEP, pero como el documento viene redactado en inglés se le pidió a la Secretaría Ejecutiva de ese organismo la traducción oficial para poder continuar con el trámite. 

No obstante, se conoció que la justicia estadounidense expone en la carta que no enviará más pruebas sobre el caso. “Con gran respeto, debemos declinar esta solicitud (la petición de nuevas pruebas) porque es contraria a la práctica de nuestro tratado y pide evidencia innecesaria para decidir sobre esta petición de extradición", afirma la misiva, firmada por Vaughn A. Ary, director de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

El documento es la contestación a la famosa carta extraviada por el servicio estatal de correos 4 – 72 en la que desde el Ministerio de Justicia solicitaba más pruebas en el caso Santrich sobre sus supuestos nexos con el envío de un cargamento de cocaína a Estados Unidos. 

Mientras se conocía esta información, desde el Consejo de Estado se divulgaba el fallo sobre la curul de Santrich en el Senado. El alto tribunal falló a favor del exguerrillero en una providencia de 36 páginas firmada por el magistrado.

En síntesis, la sentencia señala que “la privación de la libertad del congresista constituye un hecho externo que provino de autoridad pública. Adicionalmente, la detención se produjo el 9 de abril de 2018, es decir, antes de la fecha de instalación del Congreso de la República, por lo que el demandado se hallaba en una imposibilidad física de tomar posesión del cargo, en los términos establecidos en los artículos 12 a 17 de la Ley 5 de 1992, dado que no podía –y aún no puede– acudir o presentarse ante el Presidente de la Cámara de Representantes para la toma de juramento”.

A consideración del ponente, la privación de la libertad del exguerrillero fue “imprevisible e irresistible” ya que no pudo anticiparse y contrarrestar los efectos de la detención. Añade la providencia que “no existe prueba en el expediente que permita evidenciar que el señor Hernández Solarte tuvo conocimiento de la existencia de la circular roja emitida por la Interpol, así como tampoco de los cargos que le formulaba la Corte para el Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América”.

Estos nuevos elementos entrarán a jugar en la decisión que tendrá que tomar la JEP frente al espinoso caso de la extradición de Santrich que intenta resolverse desde el pasado 23 de octubre cuando la justicia transicional inició todos los trámites para dar su veredicto.

¿Quién es Bermeo? 

El actual fiscal de la UIA de la JEP se presentó como candidato a la Alcaldía de Popayán, por el partido Opción Ciudadana, anteriormente conocido como PIN, un cuestionado movimiento político por sus nexos con paramilitares. Por sus toldas han pasado personajes de la talla de Luis Eduardo Vives Lacouture, Alfonso Riaño, José Manuel Herrera y Juan Carlos Martínez Sinisterra. 

Bermeo es abogado y politólogo egresado de la Universidad del Cauca, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo y un diplomado en Conciliación en la misma institución. Se graduó de la Universidad Pontificia Javeriana como especialista y obtuvo un magister en Derechos Humanos y cultura de Paz, junto a un diplomado de gestión pública en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), como consta en su hoja de vida.

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Colprensa
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