El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según el mandatario nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con los actos de criminalidad. Sin embargo, reiteró el compromiso de Colombia con la protección de la protesta pacífica.
“Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Primero nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, nosotros hemos sido un gobierno que como se lo expresamos a la CIDH somos tolerantes de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía pero los actos de vandalismo de terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario.
Además insistió en que los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la Constitución “y recibirán siempre el tratamiento que la Constitución les otorga. Los bloqueos han atentado contra los derechos colectivos vimos niños morir en ambulancias, ciudades desabastecidas, personas perder el empleo por cuenta de esos bloqueos que están condenados claramente y seguiremos defendiendo el código penal para la protección de todos los ciudadanos”.
El presidente Iván Duque, además se refirió a la recomendación de la CIDH para que la Policía se traslade del Ministerio de Defensa al Ministerio del interior, según dijo “este no es un tema de capricho, desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable corrigiendo que mientras la Policía estaba en el Ministerio de Gobierno se politizó y eso llevó a grandes brotes de violencia”.
El mandatario insistió en que la Policía tiene por constitución una naturaleza Civil y que hace parte del Ministerio de Defensa para coordinarse con otras fuerzas y para cumplir labores de carácter humanitario y de protección, “además porque la Defensa Civil también está en ese ministerio. Nosotros como nación seguiremos reconociendo el derecho a la protesta pacífica y enfrentaremos los actos de criminalidad vandalismo y bloqueo que atenten a los derechos de los demás, con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública que debe regirse por el más alto estándar de apego a los derechos Humanos”.
La Cancillería, por otro lado, publicó un documento en el que responde a las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento reitera el compromiso del Estado Colombiano con la defensa de los Derechos Humanos y agradece la visita del organismo al territorio de Colombia.
Sin embargo, rechaza el anuncio de la CIDH de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia”, pues según el gobierno el Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, que no necesita mecanismos de seguimiento.
“En atención al principio de subsidiariedad que rige las actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos. Sumado a ello, es uno de los países de la región que más participa en el Sistema Interamericano, cumple cabalmente sus compromisos internacionales, y atiende oportunamente las solicitudes de información que se le hacen en el marco de las competencias de la Comisión”, dice el gobierno.
Además reitera que no es posible separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, pues “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, con lo cual la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política.
Frente al exceso de la fuerza registrado por la CIDH el gobierno responde que es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica, “que no puede, bajo ningún motivo, estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos”.
“El Estado de Colombia rechaza, con preocupación, la sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas, así como una supuesta estigmatización estructural. Ante ello, es pertinente recordar que el Estado garantiza en su marco jurídico y en sus políticas públicas la protección de los derechos de grupos étnicos, población LGBTI y personas en estado de vulnerabilidad. No puede haber ni ha habido ningún tipo de tolerancia frente a la violencia contra estas poblaciones. Aquellos posibles casos de discriminación son objeto de tutela y de investigación por parte de las autoridades”, dice la comunicación.
Al respecto del mal uso de la figura de traslado por protección denunciado por la CIDH el gobierno indica que “no es política del Estado colombiano utilizar sus instituciones legítimas para encubrir actos que no lo son. En la medida en que existan denuncias formales, los organismos de investigación y control procederán con toda la celeridad y contundencia que se requiera, para investigar, judicializar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. El Estado colombiano no tolera, no es indiferente ni permitirá que haya impunidad en aquellos casos en que las autoridades judiciales competentes comprueben casos de tortura, desaparición o violencia sexual”.
Y agrega que “insistimos en que la figura de los traslados de protección es legítima, está dirigida a proteger a los ciudadanos que se encuentren en riesgo, y como está concebida normativamente y como lo definen los protocolos, no hay lugar a que se utilice para desapariciones y tratos crueles o inhumanos. No es una figura que tenga por objeto la privación de la libertad. En casos puntuales, en que se use de manera irregular, se tendrá que hacer justicia, pero no acabar de plano con una herramienta legítima y garante de derechos”.
Destaca que “algunas de las cifras presentadas a lo largo del documento carecen de contrastación, incluso, en ocasiones no se menciona la fuente de donde fueron obtenidas. Sumado a ello, llama la atención que se toman como ciertas las afirmaciones de algunas organizaciones, mientras en otros casos, se pone en duda la información entregada, especialmente por las víctimas de los bloqueos”.
Y agrega que “es supremamente delicado que la Comisión sugiera que autoridades impidieron deliberadamente el paso de misiones médicas y ambulancias. El Estado no tiene conocimiento formal, y en caso de comprobarse”.
Además reitera que los bloqueos son ilegales y difiere de lo dicho por la CIDH que estos “constituyan en general una forma legítima de manifestación y que sólo en casos concretos el Estado pueda actuar”.
Por último, le reclama al organismo que en su documento mencione “temas que no corresponden al objeto de la visita, y cuya discusión tiene que ver con escenarios distintos, como el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso “Gustavo Petro vs Colombia”, la implementación del Acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC –tema sobre el cual la CIDH no tiene facultades–, y el cuestionamiento a la independencia de los poderes públicos y entes de control”.
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