A pesar de que el Gobierno Nacional objetó el proyecto de ley que establecía una rebaja del 12 % al 4 % en los aportes en salud para los más de dos millones de pensionados en el país, aún queda un largo trecho jurídico antes de que la iniciativa sea archivada del todo.
La iniciativa, que pasó a sanción presidencial pero fue objetada y regresó al Congreso de la República, fusionó en un solo texto el articulado que presentó el Gobierno Nacional y dos proyectos más de origen parlamentario.
Hasta el tercer debate, la propuesta de hacer esa rebaja a los pensionados que ganen hasta cuatro salarios mínimos mensuales estaba en firme a su paso por el Senado. De esta manera, el Gobierno tenía el propósito de cumplir esa que fue una de las promesas hechas durante la campaña por la reelección del presidente Juan Manuel Santos.
Sin embargo, cuando el proyecto entró a cuarto debate en la Cámara de Representantes, la plenaria de la corporación incluyó el beneficio para todos los pensionados. Por ello, el Ministro de Hacienda había advertido desde hace más de un mes que de aprobarse ese descuento para todo los pensionados, el Ejecutivo objetaría la propuesta.
La rebaja del 12 % al 4 % en los aportes en salud para los pensionados que ganan hasta cuatro salarios mínimos al mes -89 % del total de 2,3 millones de pensionados- suponía un esfuerzo fiscal de 1,3 billones de pesos, pero ya la cobertura para todos implica un déficit superior a los 3 billones de pesos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.
La objeción
A pesar de las marchas de protesta de los pensionados en todo el país, el Gobierno Nacional argumentó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia para objetar esta iniciativa, pues dice que lo que se busca es proteger a los 4,4 millones de afiliados al sistema pensional.
Entre los vicios de inconstitucionalidad, la Administración argumenta que a la propuesta no le dio el trámite legislativo correspondiente, ni hubo conciliación entre Cámara y Senado, además de que no contó con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.
También sostiene que se trata de una norma regresiva, pues afecta los ingresos fiscales para el sistema pensional al privarlo de los recursos para financiar el sistema general de seguridad social.
Y en cuanto a las objeciones de inconveniencia, dice el Gobierno que el impacto fiscal es superior a los 3,7 billones de pesos entre 2017 y 2022.
La salida
Según la representante a la Cámara del Partido verde Angélica Lozano, coautora de uno de los textos fusionados, lo que viene ahora es que el Congreso estudie las objeciones del Gobierno y decida qué hacer.
“Si no las acepta, le regresa el proyecto al Gobierno para la sanción presidencial. Si las acepta, tendrá que hacer las modificaciones del caso”, dice.
En cuanto a las razones de constitucionalidad, el texto llegará a la Corte Constitucional, corporación que tomará la última palabra.
“La salida es que el Congreso estudie las objeciones del Presidente, y si lo considera acepte que el beneficio sea solo para quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos, que son el 89 % del total de pensionados. El 11 % restante es de quienes tienen pensiones altas”, explica la legisladora.
Es decir, que a las objeciones de inconveniencia fiscal el Congreso le puede buscar una solución al tema, pero si no las acepta, la última palabra la tiene la Corte Constitucional que si le da la razón al Congreso obliga al Gobierno a sancionar la ley, y aún así el Presidente de la República se niega a hacerlo la sanción puede hacerla la mesa directiva del Congreso de la República.
“Es muy lamentable que otra de las promesas que hizo el presidente Juan Manuel Santos en campaña no la cumpla. Lo cierto es que hay una realidad fiscal y es que solo 11 % de los 2,3 millones de pensionados, 89 % gana cuatro salarios. Los demás son de pensiones altas. Aquí lo que queda es una lección para todos los políticos: no prometan lo que no pueden cumplir”, concluye la representante Lozano.
