OEA pide garantías de seguridad a desmovilizados en proceso de reintegración

Sábado, 19 de Marzo de 2016
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia advirtió que este será uno de los mayores retos del posconflicto.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP-OEA, advierte acerca del reto en el posconflicto que enfrenta el país, para garantizar las condiciones de seguridad de los desmovilizados y su reincorporación a la vida civil.

Así lo está dando a conocer esta organización, a través de su dirección de Justicia Transicional, en foros académicos regionales que aporten al fortalecimiento de las capacidades locales en este sentido.

Daniel Millares, director de Justicia Transicional de la MAPP-OEA, señaló durante la realización del foro en Barranquilla, que estos eventos son producto de una idea planteada conjuntamente con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Agencia Colombiana para la Reintegración, “cuyo fin es pensar y actuar para prevenir potenciales riesgos a futuro, teniendo en cuenta y tomando como base la población desmovilizada que hoy está en Proceso de Reintegración Social y Económica”.

En el portal Web de la MAPP-OEA se alerta en el último informe del monitoreo que el organismo viene realizando a la situación de seguridad y riesgo de la población desmovilizada, que “la cifra de desmovilizados que han perdido la vida de forma violenta, constituye un eslabón débil del proceso de Justicia y Paz, pues los beneficios de acogerse a los procesos de sometimiento a la Ley se vuelven difusos”.

Al respecto, recalcó que está población debe ser declarada vulnerable, “no solamente por la situación de amenazas y las muertes violentas contabilizadas durante los 13 años que lleva el proceso de reintegración en nuestro país sino porque se erigen como un potencial para la construcción de paz y generar más espacios de reconciliación como fuente laboral dentro de la legalidad, comprobable a través del seguimiento realizado por la Misión de Paz de la OEA y la ACR, además de estudios de entidades externas”.

Según fuente de la ACR, el 51 % de las 48.000 personas en Proceso de Reintegración o que ya lo culminaron, contribuyen a apalancar el desarrollo de los territorios, al encontrarse ocupados laboralmente.

Agrega que el 90 % de las personas que ingresaron al proceso de reintegración, llegaron afectados en alguna medida psicológicamente. De este total, cerca del 93 % supera esas condiciones, producto del aprendizaje y del desarrollo de una atención psicosocial que la ACR ha venido generando, con cooperación internacional y la experiencia nacional, siendo aptos para la reintegración familiar, comunitaria, política y económica.

Logro importante

A su turno, Armando Fonseca Flórez, asesor de Seguridad de la ACR, destacó la importancia de socializar en el país la Política de Prevención, Protección y Garantías de no repetición, instancia a la cual fue incluida la población desmovilizada, por parte del Ministerio del Interior.

“Es un logro importante para la ACR, al poner a esta población en los planes de prevención y en la gestión del riesgo”, agregó.

Lo anterior en atención a la sentencia T-719 de la Corte Suprema de Justicia, donde se estima que la población desmovilizada es una población vulnerable, objeto de especial protección del Estado.

“Así las cosas, aparece una obligación jurídico legal, por parte de los entes territoriales, para generar acciones de prevención de los riesgos de victimización de esta población”, puntualizó el funcionario de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Este encuentro académico denominado foro de Gestión preventiva del riesgo de violaciones de DDHH contra la población desmovilizada, tuvo lugar en el hotel Country International de Barranquilla.

Encuentros similares, organizados por la MAPP-OEA, entre marzo y abril del presente año, han sido realizados en Rionegro, Antioquia, convocando a los actores relacionados con la temática del Magdalena Medio y del Valle de Aburrá. El segundo tuvo lugar en Montería, Córdoba, incluyendo a representantes de Chocó y la región del Urabá Antioqueño.

Los próximos serán en Aguachica (Cesar) y Villavicencio (Meta), con la participación respectiva de representantes de entidades y organizaciones del sur del Cesar y los departamentos de Santander y Norte de Santander, así como de los Llanos Orientales y Cundinamarca, respectivamente.

Colprensa | Barranquilla