El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, solicitó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y al procurador general, Fernando Carrillo Flórez, abrir investigaciones penales y disciplinarias por el derramamiento de crudo generado en el pozo Lizama por fallas atribuidas a Ecopetrol. 

La solicitud la hizo el ministro por medio de dos misivas en las que relata la forma como se ha visto afectado el medio ambiente y los habitantes del sector por esta situación. “Como es de conocimiento público, desde el pasado 2 de marzo el pozo Lizama 158 localizado en la ciudad de Barrancabermeja, el cual se encontraba suspendido; sin embargo dicho pozo presentó fallas, generando con ello, el derrame de grandes cantidades de lodo y crudo sobre los causes de la quebrada Lizama, Caño Muerto y Río Sogamoso en el Magdalena Medio, arrojando como consecuencia la contaminación de estas fuentes hídricas, los suelos aledaños y la muerte de la flora y fauna a su alrededor”. 

Presuntamente las fallas del pozo Lizama 158 están relacionadas con el revestimiento del mismo y problemas mecánicos, aspectos que, según se han conocido por medios de comunicación, fueron detectados por la empresa de Ecopetrol y notificados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en un informe de seguimiento que data de febrero de 2017, lo cual no fue puesto a conocimiento de las autoridades ambientales”, se lee en el documento emitido por el ministro. 

En ese sentido, el llamado del ministro a los entes es que se indague sobre las responsabilidades que puede tener la entidad por el daño al medio ambiente. 

La Defensoría del Pueblo anunció que “la tragedia ambiental de La Lizama deja en entredicho la debida diligencia de Ecopetrol en su operación y podría constituirse en una violación a los principios rectores sobre empresas y DD.HH.”.