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Piden seguridad para defensores de Derechos Humanos

Sábado, 20 de Noviembre de 2021
Amnistía Internacional reclama una respuesta “robusta y coordinada” para resolver la “grave” situación de riesgo

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido a Colombia una respuesta “robusta y coordinada” para resolver la “grave” situación de riesgo a la que se enfrentan los defensores de Derechos Humanos en el país, al que ha acusado de incumplir su obligación internacional de garantizar un espacio “seguro y propicio” para la defensa de estos derechos.


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AI participa durante la jornada en una audiencia pública en el Congreso de Colombia sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, convocada para exigir rendición de cuentas por la falta de garantías de seguridad para defensores de Derechos Humanos y líderes sociales en la nación latinoamericana.

La directora adjunta de investigación para las Américas de AI, Fernanda Doz Costa, ha incidido en que el Estado colombiano “sigue incumpliendo su deuda histórica de dar una respuesta integral a la situación de riesgo” a la que se enfrentan estas personas.

“Las amenazas y ataques contra quienes defienden los Derechos Humanos siguen ocurriendo día tras día, poniendo a Colombia otra vez más como el país más letal para defender Derechos Humanos”, ha agregado.

Por ello, la audiencia en el Congreso, en la que también participan organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales encargadas de garantizar la protección de estas personas y defensores de los Derechos Humanos, como la representante del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), María Ciro, es una “oportunidad única” para “trazar una ruta para que Colombia pueda avanzar” en este sentido, a juicio de Doz.


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Según Coz, la audiencia también puede servir para “discutir de qué manera se puede responsabilizar a las autoridades que no actúan diligentemente frente a la grave situación en la que se encuentran quienes defienden los Derechos Humanos en el país”.

En los últimos años, las organizaciones Front Line Defenders y Global Witness han colocado a Colombia de manera consistente como el país con más asesinatos de ambientalistas y personas defensoras de Derechos Humanos en el mundo.

En octubre de 2020, Amnistía Internacional hizo una serie de recomendaciones en materia de protección integral a personas defensoras a nivel nacional y en cuatro casos concretos. Sin embargo, a la fecha, las autoridades colombianas han hecho “muy poco” para garantizar condiciones seguras para defender Derechos Humanos en el país.

“Siguen promoviendo un modelo de protección que ha demostrado ser ineficaz por estar basado únicamente en medidas de protección material y la expedición de leyes, decretos y normas que carecen de medidas que aseguren su debida implementación, así como medidas destinadas a la protección individual y no de carácter colectivo”, ha lamentado la organización.

Asimismo, las autoridades han avanzado de manera “muy lenta” con diversos procesos que podrían dar respuesta a las causas estructurales de la violencia, incluyendo la investigación de amenazas y ataques, el reconocimiento de territorios indígenas y el desmantelamiento de grupos armados.

Han adoptado medidas que agudizan los riesgos para las personas defensoras como la decisión de poner en marcha campañas de erradicación forzada de cultivos ilícitos o reducir esquemas de protección para personas defensoras en riesgo por parte de la UNP.

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AP

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