La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concedió un plazo de 20 días para recibir respuesta a la solicitud de asistencia judicial que había hecho a las autoridades de Estados Unidos en el caso que se adelanta contra Jesús Santrich.
La determinación se dio con una votación de 4 a 1, donde consideraron que la no llegada de la carta rogatoria a Estados Unidos constituyó “un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz”.
Para la sección, estos hechos no son atribuibles al destinatario de la solicitud sino a quien fungía como intermediario o canal diplomático entre los diferentes estados y a la empresa de mensajería que se utilizó para la remisión de la carta rogatoria.
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Según la Sección de Revisión, esa circunstancia “no le permite acceder a la evidencia que se dijo era relevante para el cumplimiento de la función”.
Además, tampoco se le ofreció a Estados Unidos la oportunidad de conocer y responder la solicitud. Así las cosas, y conocidas las causas del inpase, la sección decidió dejar sin efecto el auto proferido el pasado 29 de enero, que había cerrado el ciclo probatorio en este caso y abierto la etapa para que las partes presentaran alegatos finales.
Entre tanto, a raíz de las irregularidades con en el envío de la carta rogatoria, “la Sección de Revisión compulsó copias a la Procuraduría General, para que evalúe si hubo faltas disciplinarias por parte de los funcionarios de la empresa pública 4-72 y el Ministerio de Justicia y el Derecho”.
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Además de la compulsa de copias, la información de lo que ha ocurrido con el caso Santrich, fue remitido al despacho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que “se examine si hay lugar a realizar un juicio de ponderación, en relación con la prolongación de la privación de la libertad del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte”, dado que esa decisión no le corresponde a la JEP.
Los trámites por los que hoy están en vilo no solo Satrinch y su defensa sino también la empresa de envíos postales y el Ministerio de Justicia, tuvieron lugar desde el pasado mes de diciembre en el cual la JEP solicitó pruebas para verificar si el excombatiente de las Farc incurrió en algún delito como lo ha mencionado el fiscal Néstor Humberto Martínez, una vez fue capturado.
La información que reposa de Santrich en el ente acusador es que hizo parte de una estructura criminal denominada ‘La Familia’, que tenía vínculos con el denominado Cartel de Sinaloa y pretendía enviar un cargamento de droga al exterior.
