La Policía Nacional reportó la captura de nueve personas señaladas de obtener predios en Córdoba y subsidios oficiales mediante engaños, siendo falsos reclamantes de tierras.
La dirección de Carabineros y Seguridad Rural informó que, por denuncias de la comunidad, se revisó detalladamente el registro nacional de víctimas, visitaron varias propiedades en Valencia (Córdoba), contrastaron datos con las oficinas de instrumentos públicos, y así, identificaron a nueve hombres beneficiados con 80 hectáreas de tierras, sin tener derecho a ellas.
Según las evidencias recopiladas, los nuevos poseedores de estos terrenos avaluados en $2.400 millones, habrían sido dueños de los mismos entre 1991 y 1995.
Para esos años los hermanos Castaño Gil se los cedieron a través de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, una de sus empresas fachadas, luego de arrebatárselos violentamente a familias humildes del corregimiento Villanueva, en Valencia (Córdoba).
Según la Policía, quienes recibieron las propiedades de los entonces jefes paramilitares las vendieron voluntariamente a mediados de los noventa, “algo que claramente reafirmó que no fueron desplazados ni obligados a abandonar las parcelas, como lo argumentaron para obtener los privilegios de la ley de restitución de tierras, expedida en 2011”.
La institución agregó que “quedó al descubierto que presentaron documentación fraudulenta con el fin de acreditarse como víctimas y demostrar en el papel que merecían tener en su poder los predios que conscientemente comercializaron dos décadas atrás. Además, fueron favorecidos con subsidios para desarrollar proyectos productivos. Cada uno recibió $27 millones”.
Entre los detenidos está un hombre conocido como ‘JJ’, quien es reconocido en la región por ser comerciante de electrodomésticos. También sobresalen ‘El profe’, docente de un colegio donado por los hermanos Castaño Gil; ‘Orejas’, ‘El Pastor’ y ‘Men’, entre otros.
Estas son las primeras personas investigadas y judicializadas de acuerdo a los parámetros y tipos penales fijados por la ley de restitución de tierras. Así que les fueron imputados los delitos de fraude en el registro de víctimas, falsa inscripción en el registro de tierras y falso testimonio.
Los nueve capturados aceptaron cargos y llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
