El Procurador General, Fernando Carrillo denunció ante la Fiscalía General el reclutamiento ilícito, uso de menores de edad en la comisión de delitos, lesiones y homicidios de personas protegidas, actos de terrorismo, tortura y desplazamiento forzado del que han sido víctimas varios niños, adolescentes y familias campesinas e indígenas, en medio de la pandemia por la COVID-19.
El documento presentado por el procurador da cuenta que los responsables de tales hechos son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otros ocho grupos armados ilegales.
Carrillo Flórez pidió que “se de curso a una investigación criminal bajo la convicción de su priorización, conforme a la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes afectados y de sus familias y miembros de las etnias enunciadas en el texto; se proceda, de acuerdo con la normatividad, a solicitar ante el juez de control de garantías la audiencia preliminar de imputación de cargos”.
En la comunicación, el jefe del Ministerio Público también identificó el accionar de los llamados Caparrapos, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, ‘Los Paisas’, el grupo E-40 y demás Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).
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En la petición del Procurador se identifica a estos grupos con la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, omisión de medidas de protección de la población civil y amenazas.
El jefe del ente de control precisó que junto a labor de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fuerza Pública, organizaciones indígenas, líderes y lideresas en la regiones, redes sociales y reportes de prensa, se lograron identificar casos de reclutamiento ilícito o uso de menores de edad en la comisión de delitos, por parte de estructuras criminales organizadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Carrillo Flórez señaló que a pesar de que el monitoreo de la misma Procuraduría, indica que desde que se suscribió el Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las FARC hubo un descenso en los indicadores de afectación de la niñez por cuenta del accionar del conflicto, alrededor del 30% de los entes territoriales registran datos según los cuales esta población de especial protección sigue siendo víctima del accionar de los grupos violentos.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público pidió priorizar las investigaciones por estos eventos criminales contra niños y niñas cometidos en medio de la emergencia derivada por la COVID-19, que “adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia”.
