La Procuraduría decidió abrir indagación preliminar para establecer si hubo abuso de la fuerza por parte de los miembros del INPEC contra los internos de la cárcel La Modelo en Bogotá que el fin de semana fue escenario de disturbios que dejó como saldo la muerte de 23 internos.

El amotinamiento se produjo, supuestamente, porque estaban pidiendo medidas de seguridad para mitigar la propagación del COVID-19, que ya deja en el país 470 reportes positivos. Sin embargo, para las directivas del INPEC se trató de un plan coordinado para una fuga masiva tanto en La Modelo como en otros reclusorios.

La Fiscalía también abrió investigación por lo ocurrido, mientras el Ministerio Público indaga sobre las acciones de los dragoneantes, el ente acusador busca determinar las razones por la cuales en el interior de estos penales los prisioneros tenían equipos de alta tecnología, desde donde enviaron información en tiempo real de lo que estaba ocurriendo.

Entre las pesquisas que adelantará el Ministerio Público está la de verificar También el estado de los inhibidores de señal antes y durante el amotinamiento.

El Procurador Fernando Carrillo señaló que los 134 establecimientos carcelarios de Colombia deben ser una prioridad en este momento que pasa el país por cuenta de la pandemia.

Señaló que se deben implementar políticas de salubridad pública, entre ellos, que haya agua potable en los centros carcelarios y alimentación.

Del mismo modo, dijo que debe haber descogestión en la población carcelaria, por eso, propuso que las mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años gocen de beneficios. Esta iniciativa está sobre la mesa por parte del Ministerio de Justicia.