Tras múltiples intentos por sacar a Medimás de la crisis financiera en que se encuentra y que ha terminado por afectar a sus más de tres millones de afilados, la Procuraduría General y la Contraloría General solicitaron que la EPS sea liquidada.

“Todas las medidas de vigilancia han sido ineficaces e inconducentes. En vez de mejorar, se están agravando todos los incumplimientos. Todas las metas financieras están en rojo”, afirmó el procurador general Fernando Carrillo en una rueda de prensa.

Carrillo agregó que el proceso “no se puede seguir dilatando” y que serán los administradores de Medimás quienes respondan. “Queremos ver una acción del Estado que, prioritariamente, proteja los derechos de los pacientes”, añadió.

Por su parte, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, afirmó que “Medimás no está preparada financieramente para poder atender a los más de tres millones de ciudadanos que tiene afiliados. Pasaron de tener deudas de 2 billones de pesos en 2018, a deudas de 2,8 billones en 2019”.

El Contralor añadió que en las acciones de auditoría realizadas por el ente de control se ha evidenciado un “acelerado deterioro; el patrimonio de Medimás, que en diciembre de 2018 disminuyó 161 mil millones, se redujo once meses después alrededor de 900 mil millones de pesos”.

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Córdoba también dijo que en intervenciones de la Contraloría se determinó que “había fallecidos que seguían siendo atendidos por parte de Medimás, así como altos costos pagados por medicamentos”.

Cabe recordar que el superintendente de salud, Fabio Aristizabal, ya le había advertido al ministro de Salud, Iván Darío González sobre “las conductas representadas en acciones y omisiones desplegadas por Medimás S.A.S EPS, que indiscutiblemente están generando una afectación grave a la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de sus afiliados, por las falencias del PBS y el desvío y pérdida de recursos públicos de la seguridad social”.

Medimás, por su parte, respondió que las acciones tomadas por el procurador Fernando Carrillo han sido perjudiciales para la EPS en vez de contribuir a superar su crisis financiera.

“Las actuaciones del Procurador, que vienen desde septiembre de 2017, constituyen claras extralimitaciones a sus funciones de prevención, que se limitan a detectar y advertir situaciones, pero de ninguna manera a usar el poder disciplinario para coaccionar o amenazar a funcionarios de otras entidades para que obedezcan sus órdenes”, dijo la entidad en un comunicado.

Medimás también expuso que, teniendo en cuenta una posible emergencia por cuenta de los retos que representa el coronavirus “resulta inadmisible que el Procurador General busque dejar a más de tres millones de colombianos y colombianas sin una respuesta oportuna en caso de que se concreten los riesgos que ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud, puntualiza.