Mientras se discute la versión final del texto de reforma laboral que irá al Congreso, los representantes a la Cámara Juan Carlos Lozada y María Fernanda Carrascal radicaron un proyecto de ley para que los empleadores se hagan cargo de la alimentación de los trabajadores.
Según el artículo número 5 de esa iniciativa, “el beneficio de alimentación es una prestación social obligatoria en cabeza del empleador que se otorga para garantizar una alimentación suficiente y adecuada en favor de los trabajadores (...)”.
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“Serán beneficiarios todos los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimo mensuales legales vigentes sin perjuicio de que los empleadores puedan extender los beneficios del programa a los trabajadores que devenguen un monto superior (...)”, se lee en ese mismo apartado.
Frente a las modalidades para otorgar el beneficio, en el proyecto estipulan que puede hacerse efectivo a través de la instalación de comedores o casinos operados por las entidades de trabajo, del uso de restaurantes administrados por terceros en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones o de la entrega mensual de un bono de alimentación a través de vales, cupones o tarjetas electrónicas emitidas por prestadores profesionales de este tipo de servicio.
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En el proyecto se especifica que esta será “una prestación social mensual de ayuda alimentaria que equivaldrá como mínimo a 3 Unidades de Valor Tributario ($127.236). Será potestativo acordar un mayor valor entre empleadores y empleadores, que en ningún caso podrá superar las 7 Unidades de Valor Tributario ($296.884)”.
Igualmente, en esas líneas se advierte que esta prestación “no constituye salario en especie para ningún efecto legal, no hace parte de la base para liquidar aportes parafiscales y será tratado como un gasto laboral, serán deducibles en los términos y condiciones que se establezcan en la ley”.
Aunque el proyecto de ley no incluye estimaciones del impacto para la estructura de costos, de ser aprobado, este nuevo gasto reforzaría las condiciones de los trabajadores formales en el país. Sin embargo, la contraparte de la iniciativa radica en el aumento que implicaría para los empleadores cumplir con esta prestación.
Actualmente, un trabajador formal que devenga el salario mínimo le cuesta al empleador $1.928.232 mensuales. Con esta nueva prestación, la carga aumentaría y podría desestimular la contratación que cumpla con todas las garantías.
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