Los 46 policías del atentado de la estación San José en Barranquilla y los cinco del CAI Soledad, junto a los familiares de los seis fallecidos el pasado 27 de enero, fueron convocados por la Policía, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio Público, para que dieran su declaración formal de los hechos y poder reconocerlos como víctimas del conflicto armado interno del país, incluyendo a sus conyugues e hijos.
“A partir de la Ley 1448 de 2011, se obliga a todo el Estado dentro de su misionalidad a coadyuvar a las c del conflicto armado, dentro de ellas, los miembros de la Policía Nacional y Fuerza Pública que han sido afectados por incidentes que violan los derechos humanos y derecho internacional humanitario”, afirmó el teniente coronel Fernando Pantoja, jefe nacional de la oficina de Memoria Histórica y Víctimas de la Policía.
El encuentro contó con la presencia del jefe nacional de la oficina de Memoria Histórica y Víctimas de la Policía, teniente coronel Fernando Pantoja; el director Territorial de la Unidad para las Víctimas en Atlántico, Alfredo Palencia; y funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, que se encargaron de entrevistar a los policías y las esposas de los fallecidos y de diligenciar el Formato Único de Declaración (FUD), que luego de ser analizado y estudiado, da lugar al registro como víctima del conflicto en Colombia.
Alfredo Palencia, director Territorial de la Unidad para las Víctimas en Atlántico, expresó que “una vez hayan sido reconocidos los policías y sus familiares como víctimas, van a adquirir una serie de derechos con los cuales el gobierno les responderá desde la oferta institucional. Independientemente del apoyo inmediato que la Policía le haya dado el tema, todas las entidades del Estado están en el deber de incluir a estas víctimas para que sean atendidas de manera integral con todos los programas y beneficios, tales como salud, vivienda, educación, empleo, ayudas humanitarias, atención sicológica, entre otras”.
Elvia Villamizar, esposa del patrullero Willy Rhenals Martínez, quien falleció tras la explosión del artefacto en la estación San José, accedió a realizar la declaración alegando que ha sentido el apoyo de todos, pero han sido momentos duros para ella y su hija de 8 años, por lo que desea recibir un acompañamiento psicosocial de la Unidad para las Víctimas durante este proceso.
“Nos han apoyado demasiado. Gracias a Dios están pendientes de nosotros con todo lo que necesitamos. Nos han asesorado psicológicamente para poder dar las declaraciones, porque la verdad estamos muy afectadas con esto, uno queda a la deriva prácticamente”, dijo Villamizar.
Algunos familiares de los policías se negaron por el momento a dar declaraciones para registrarse como víctimas. Sin embargo, la Ley de Víctimas da un periodo de dos años contados a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos para realizar este procedimiento ante el ministerio público.
Según el Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, se considera víctima a quien individual o colectivamente haya sufrido, a partir del 1 de enero de 1985, daños por homicidio, masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual en el conflicto; minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado; acto terrorista, combates, enfrentamientos y hostigamiento; desplazamiento forzado y despojo forzado de tierras.
