Un nuevo reto. Eso es lo que significa para el Gobierno Nacional la erradicación de las 171.000 hectáreas de cultivos ilícitos que se registraron en Colombia al cierre de 2017, según el nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), presentado la semana anterior.
Si bien esta situación no es nueva en el país y el incremento en el último año no se compara con el que hubo entre 2015 y 2016, cuando se pasó de 96.000 a 146.000 hectáreas afectadas por las siembras ilícitas (52%), el 17% adicional identificado el año pasado vuelve a generar inquietud entre las autoridades.
Por esta razón, desde el Ministerio de Defensa, en cabeza de Guillermo Botero, se dispuso que este caso sea tratado como un asunto de seguridad nacional.
Y es que en regiones como el Pacífico, el aumento de los cultivos ilícitos sigue latente, de ahí que esta se siga ubicando como la zona del país con más áreas sembradas de coca: 65.567 hectáreas según el último registro de la UNODC, en el cual se reportó un aumento del 13% con relación a 2016.
Los territorios más afectados por este flagelo siguen siendo la parte costera y montañosa del departamento de Nariño.
La región central, en la que se ubica Norte de Santander, ocupa el nada honroso segundo lugar en la lista de áreas afectadas. En términos generales, este punto de la geografía registró un aumento del 31% , con relación al año anterior, es decir que, pasó de 40.526 hectáreas a 52.960, mostrándose así como la región con la mayor variación entre 2016 y 2017.
El nuevo informe de monitoreo revela que la tercera zona más afectada es la región Putumayo-Caquetá, en donde el incremento fue del 20%, pues mientras que en 2016 reportaban 34.505 hectáreas sembradas, el año pasado esa cifra pasó a 41.382.
La apuesta del gobierno
Aunque la cifra presentada por las Naciones Unidas difiere de la que proyectó hace algunas semanas la Casa Blanca, según la cual en 2017 hubo un registro de 209.000 hectáreas de coca sembradas en el país, lo cierto es que la apuesta del nuevo gobierno es poder alcanzar una reducción de entre 140.000 y 150.000 hectáreas en los próximos cuatro años.
Al respecto, el presidente Iván Duque ha dicho que es necesario enfrentar el delito del narcotráfico desde cada uno de sus eslabones, por lo que considera que los cultivos ilícitos deben ser atacados desde diferentes frentes, como la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa mediante el uso de glifosato, una propuesta que ya desatado un amplio debate por las consecuencias que este químico tendría para la salud de las personas y el medio ambiente.
“La política integral que será presentada en los próximos días incluye fortalecer nuestras capacidades de interdicción aérea, marítima y terrestre. Desarticular por completo las redes de suministro, tanto de precursores como de insumos”, explicó el mandatario.
En ese sentido, el jefe de Estado, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde posiblemente el tema de los cultivos ilícitos se ponga sobre la mesa, explicó que su administración se ha planteado metas concretas para los próximos cuatro años en la lucha contra este flagelo.
“Si ustedes me preguntaran a mí, pues uno podría imponerse metas, ojalá ambiciosas, que pudiéramos por lo menos erradicar más del 70 por ciento de lo que tenemos hoy. Eso va a depender de cómo vamos avanzando con toda esta política integral. Pero la decisión aquí es frontal contra ese delito”, dijo.
Los planes en las regiones
Regiones que por décadas han sufrido el conflicto armado como Norte de Santander y en particular la subregión del Catatumbo, siguen siendo las más vulnerables al aumento de los cultivos ilícitos, a pesar de los planes que se han puesto en marcha como el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
Con una variación del 14% entre 2016 y 2017, el departamento se sigue ubicando como el tercero del país con más área sembrada de coca, con un porcentaje total de afectación del 16%.
Aunque el incremento del año anterior se aleja mucho de ese 115% que se presentó entre 2015 y 2016, las más de 3.000 hectáreas nuevas sembradas en el año anterior siguen encendiendo las alarmas en esta convulsionada región del país.
El general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, que opera en Norte de Santander, aseguró que en este momento se adelantan diversos planes de erradicación de cultivos ilícitos en la región. Sin embargo, el oficial admitió que este tipo de cultivos no solamente deben ser atacados con erradicación.
“Es claro que el desarrollo de las comunidades, el acompañamiento del Estado colombiano, el arreglo de las vías, entre otras acciones que se hacen desde la Fuerza Pública, es lo que motiva al campesino a salir de los cultivos ilegales y del negocio del narcotráfico”, dijo.
El comandante añadió que hasta el momento se ha dado la orden de adelantar la erradicación manual, una misión que adelantan cientos de soldados ubicados en la zona. “Hoy en día para nosotros la cantidad de personas no es lo decisivo, lo decisivo es la capacidad que tenemos de atacar estos hechos. Acá lo importante no es erradicar sino desarrollar acciones y apoyar al campesino para que pueda convencerse de que el cultivo ilícito es un delito”, aseguró el oficial.
Pese a que el general insistió en que la conciencia frente a la erradicación de cultivos ilegales y las acciones integrales desde la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional son las mejores herramientas para enfrentar este ilícito, resaltó que el Ejército junto con la Policía también llevan a cabo la operación ‘Esparta’, que reúne al menos 300 hombres para enfrentar la criminalidad en esa zona del país.
Por otro lado, el general César Parra, comandante de la Sexta División del Ejército que opera en el Putumayo, dijo en esta zona de Colombia las disidencias de las Farc son las principales responsables del incremento de cultivos ilícitos.
Entre tanto, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, general Jorge Hoyos, quien lidera un poco más de 2.000 hombres para estas labores de erradicación de cultivos en Nariño, aseguró que además de estar tras la pista de Walter Patricio Arizala Vernaza, más conocido como Guacho, las unidades del denominado ‘Plan GA2’ han erradicado en lo corrido del año poco más 1.740 hectáreas de cultivos ilícitos en la zona rural del departamento.
El oficial aseguró que en algunas zonas de esa región la Fuerza Pública está apoyada por la comunidad, por lo que se ha registrado erradicación conjunta de manera manual.
En relación con las pruebas de erradicación con drones que anunció el ministro de Defensa, Hoyos manifestó que se están adelantando pruebas piloto en algunos municipios que son de difícil acceso para las Fuerzas Armadas y agregó que del 100% de los procesos de erradicación, tan solo el 10% se está llevando a cabo mediante este sistema.
Otros datos del informe
El incremento constante de los cultivos ilícitos sucedió en el marco de las negociaciones de paz con las Farc y durante la transición en la estrategia de lucha contra los cultivos de coca. En dicha transición se suspendió la aspersión aérea, se incrementaron las metas de erradicación manual, se formuló el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y se promovió la acción integral en los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico.
En los Parques Nacionales se registró un aumento de poco más de 300 hectáreas de coca sembradas (4%), teniendo como base 7.995 en 2016, pasando a 8.301 durante 2017.
En los cientos de resguardos indígenas que existen en el territorio nacional, 17.909 hectáreas de esos lugares resultaron afectadas en 2017, 7% más que en 2016.
La región Meta-Guaviare es una de las zonas donde pareciera estar funcionando el PNIS, pues allí se presentó una reducción del 15% de los cultivos ilícitos.
Los precios de la hoja de coca fresca, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, cayeron 28%, 14% y 11% respectivamente, en relación con 2016.
