La Contraloría General de la República cuestionó el uso que se le está dando a los recursos recaudados por los dos últimos impuestos creados en materia ambiental, como los tributos al carbono y al consumo de bolsas plásticas, los cuales no estarían siendo destinados ni cumpliendo su objetivo.
“En el caso del impuesto al carbono, actualmente, con la denominada “Ley de páramos” (Ley 1930 de 2018), los dineros recaudados se dirigen al Fondo Colombia en Paz y son presupuestados en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y únicamente el 30% se destina a temas medioambientales, mientras que el 70 % se destina a la implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc”, indicó la Contraloría.
De acuerdo con el organismo de control, aunque es importante dar cumplimiento a los acuerdos y la construcción del posconflicto, es necesario que el Gobierno y el Congreso Nacional estudien la posibilidad de asegurar que los recursos de los impuestos ambientales sean direccionados al sector ambiental. Se estima, de acuerdo con las cuentas de la DIAN, que a noviembre de 2018 el recaudo por el impuesto al carbono había ascendido a los 294.000 millones de pesos.
“Se hace necesario contar con recursos que permitan al sector ambiental realizar inversiones que lleven a resultados significativos en materia de corregir las externalidades negativas ocasionadas por las emisiones de gases de efecto invernadero producto del consumo de combustibles fósiles”, indicó la Contraloría.
En cuanto al impuesto al consumo de bolsas plásticas, la Contraloría consideró que por su naturaleza tributaria y los resultados obtenidos en el comportamiento de los consumidores, esta medida debería profundizarse mediante otros mecanismos que permitan vincular a otros agentes económicos que hoy no son responsables del tributo.
En ese sentido, de acuerdo con la DIAN, a 30 de junio de 2018 el recaudo de este impuesto ascendió a 14.510 millones de pesos, aunque en comunicación dirigida a la Contraloría, la entidad aclaró que no puede determinar con certeza el valor específico de este recaudo.
Efectividad de los incentivos tributarios
La Contraloría también evaluó la gestión y los resultados obtenidos con los incentivos tributarios para el medio ambiente y determinó que existe un alto grado de incertidumbre sobre su efectividad. Además, indicó que tampoco se conoce el valor total del menor ingreso fiscal que tiene a causa de este tipo de incentivos. Asimismo, el estudio analizó los avances del Certificado de Incentivo Forestal (CIF) y el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA),
De acuerdo a información reportada por el Ministerio de Agricultura, durante el período 2014-2017 se sembraron en el país 26.773 hectáreas a través del CIF, principalmente en los departamentos de Vichada, Antioquia y Meta, siendo 2015 el año en que más cantidad de hectáreas se sembraron.
“Esta cifra no supera el 0,023% del territorio nacional (114 millones de hectáreas) y las 4.966 hectáreas sembradas en 2016 no superan el 3 % de la tasa anual de deforestación de ese año, calculada en 178.148 hectáreas, según cifra oficial del IDEAM reportada en 2017”, indicó la Contraloría.
