Tres magistrados y un congresista han tenido problemas recientemente con sus visas estadounidenses, en momentos en los que deben tomar decisiones frente a la extradición de colombianos a ese país.
Los magistrados de la Corte Constitucional afectados son: Antonio José Lizarazo, ponente en la Corte de la Ley Estatutaria de la JEP y quien deberá realizar la ponencia sobre el trámite de las objeciones presidenciales; y Diana Fajardo, la última magistrada de este mismo tribunal elegida en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien además es considerada la más pro-paz entre los togados.
La notificación de cancelación le llegó el viernes a Eyder Patiño, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien hace pocos días elaboró un fallo que argumentaba que un indígena pedido en extradición no debía ser enviado a EE. UU., pues su caso ya había sido puesto en consideración de la justicia ancestral; y también le ocurrió lo mismo, el 15 de abril, a John Jairo Cárdenas, ponente del informe negativo en la discusión de las objeciones en la Cámara de Representantes.
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La embajada no ha aclarado porqué retiró las visas, de hecho, un delegado de su oficina de prensa explicó que “no se pronuncian por ser un asunto de índole personal”, aún así, la relación de los involucrados con el tema de la extradición es evidente.
¿Injerencia indebida?
“Es una decisión muy desafortunada. Los países son libres de decidir quién ingresa a sus territorios y quién no, pero la dinámica que hemos visto está generando un patrón. Es un fenómeno muy grave que atenta contra la división de poderes en Colombia, que genera una injerencia indebida en asuntos nacionales”, señaló la Representante a la Cámara Juanita Goebertus, quien estuvo con el embajador Kevin Whitaker en un desayuno al que fueron invitados los miembros de la comisión accidental para las objeciones el pasado 1 de abril.
Durante dicha reunión, dijo Goebertus, “el embajador nos sugirió que podíamos desconocer la sentencia de la Corte, que en su opinión es mala, y que en su visión debíamos aprobar las objeciones del presidente. Nosotros le insistimos en que creíamos profundamente en la separación de poderes y de la importancia de respetar la decisión de la Corte Constitucional sobre esos seis temas”.
La congresista aseguró que entre los argumentos de Whitaker para que el Congreso le diera la razón estaba un millón de dólares que EE. UU. invierte en la implementación del Acuerdo de Paz. “Nuestra reacción fue insistir en que la cooperación debía basarse no en amenazas sino en el interés común en la construcción de paz en Colombia”, expresó la parlamentaria.
Cuando el representante Cárdenas reveló a medios de comunicación lo conversado durante la reunión, fue notificado de la cancelación de su visa.
Los juristas José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, y Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, acerca de presiones presentadas antes. Ambos señalaron que jamás recibieron ninguna presión de EE. UU. ni de ninguna otra nación.
Explicaron que cada que había algún tema sensible de orden internacional eran invitados a escuchar las sugerencias, hechas siempre con respeto.
¿Por qué retiran las visas?
Manuel Alejandro Correal, internacionalista de la Universidad Libre, explicó que “la concesión de las visas es un ejercicio de la soberanía. Un país puede determinar quién ingresa y quién no de manera autónoma”.
Correal recordó que EE. UU. retiró la visa al entonces presidente Ernesto Sampercuando se empezó a comprobar ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, y lo ha hecho con personas que aparecen en Lista Clinton o por alguna conducta punible, no es costumbre que sea asunto del resorte político.
Por ahora nada está claro y todas son conjeturas. El próximo lunes la magistrada Fajardo tiene cita con el representante consular en la que se espera que se aclare su situación. Al magistrado Lizarazo le fue restituido su permiso y la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, espera un informe de la embajada que dará claridad sobre lo que ocurre.
