El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó la Ley 1997, a través de la cual más de 24.000 niños de padres venezolanos nacidos en el país recibirán nacionalidad colombiana.

“Excepcionalmente se presumirá la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas venezolanas en situación migratoria regular o irregular, o solicitantes de refugio, cuyos hijos e hijas hayan nacido en territorio colombiano desde el 10 de enero de 2015 y hasta 2 años después de la promulgación de esta ley”, dice el texto.

Esta ley se suma a la resolución firmada por el presidente Duque, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo; el procurador General, Fernando Carrillo; y el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, para evitar la apatridia de niños de padres venezolanos en el país.

Dicha resolución establece que debido a la crisis sociopolítica que atraviesa Venezuela, que ha derivado en una crisis migratoria en la que Colombia ha acogido cerca de 1.400.000 personas de ese país, el Estado colombiano considerará como conciudadanos a estos niños.

Los padres de los menores deberán demostrar que son venezolanos y presentar cédula de extranjería vigente, pasaporte expedido por Venezuela vigente o vencido, cédula de identidad expedida por Venezuela y Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente.

El Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, decidió otorgar la nacionalidad colombiana por nacimiento a más de 24 mil niños y niñas, hijos de padres venezolanos, que han nacido en Colombia desde el 19 de agosto de 2015 y a los que nazcan hasta que la situación de Venezuela mejore, por encontrarse en riesgo de apatridia, como consecuencia de la migración procedente del vecino país.

La medida, denominada ‘Primero la Niñez’, se oficializó mediante Resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y busca garantizar el derecho fundamental de los niños y niñas a contar con una nacionalidad y es considerada, por parte del Estado colombiano, como una medida urgente, temporal y excepcional.