El juicio se encuentra en etapa probatoria por parte de la Fiscalía.
Este 1 de agosto se reanudaron las audiencias por el caso de los hermanos Quiroz, quienes están siendo procesados por presuntamente haber construido múltiples edificaciones en la ciudad sin el lleno de los requisitos legales.
Estas audiencias se encontraban suspendidas desde mayo de este año y se espera que continúen durante el resto del mes.
Javier Doria, abogado de un grupo de víctimas explicó que en estas audiencias de juicio oral se están presentando y debatiendo las pruebas en contra de los Quiroz, quienes son acusados por la Fiscalía de cometer los delitos de urbanización ilegal, uso de documento falso, obtención de documento falso, fraude procesal y estafa en modalidad masa.
“El resultado que se espera de estas audiencias es que se logre la judicialización por los delitos acusados para que finalmente se logren resarcir los perjuicios causados a las víctimas, quienes son las principales perjudicadas”, manifestó Doria.
El abogado señaló que el juicio se encuentra en etapa probatoria por parte de la Fiscalía, son más de 10 testigos los que se pretenden presentar y hasta la fecha han pasado dos.
“Es un juicio en el que habrá que esperar que no existan ningún tipo de dilaciones y que, luego de terminar con el período probatorio de la Fiscalía, se proceda con el de la defensa, para terminar con los alegatos de conclusión. Esperamos que antes de que se cabe el año de la Rama Judicial, se haya culminado el periodo probatorio. Sin embargo, hasta el momento, no podemos tener una fecha estipulada para la terminación del juicio”, dijo Doria.
El 27 de abril de 2017 se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II, el cual en esos momentos estaba en construcción y cuya tragedia dejó como saldo 21 personas muertas.
Tras el suceso, se desplegó toda una investigación que dio con un entramado de ilegalidad en un total de 16 edificaciones en Cartagena, las cuales fueron construidas por el denominado “clan Quiroz”.
Quienes compraron sus viviendas en estos sitios se vieron obligados a desalojar debido a que según estudios realizados por la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, las edificaciones no cumplían con la norma de sismoresistencia.
