El abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses del senador Álvaro Uribe, reiteró que, tras el estudio del fallo de 1554 páginas por presunta manipulación de testigos, no es necesaria la detención domiciliaria que reposa sobre él, desde el pasado miércoles y que tampoco interpondrá recurso de reposición.
El penalista expuso que se violaron seis principios jurídicos: presunción de inocencia, investigación integral y objetiva, exclusión de prueba ilícita e ilegal, derecho a interrogar los testigos de cargo, inviabilidad de comunicaciones abogado-cliente e imparcialidad.
Respecto de la presunción de inocencia, el abogado reseñó que durante los dos años y medio que lleva el proceso en firme, el senador Uribe ha comparecido ante el alto tribunal las veces que ha sido requerido, ha mostrado voluntad de colaborar en la investigación y de ninguna manera ha entorpecido dicho proceso.
Para Granados, la decisión tomada por el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia César Reyes y avalada por sus compañeros, viola el legítimo derecho del senador de asumir su defensa en libertad, especialmente, cuando no ha sido acusado ni condenado.
“Por el contrario, el expresidente ha sido vehemente en pedir la búsqueda de la verdad alrededor de los hechos que rodean el proceso, por lo que resultan curiosos los argumentos expresados en el expediente. Dictar esta medida más de dos años después de iniciado el proceso, no tiene nada de preventivo, suena más a vengativo”, dijo Granados en su comunicado.
En cuanto a la investigación integral y objetiva, el abogado dijo que en más de 22.000 interceptaciones, no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan.
“En consecuencia, la Sala de Instrucción determina la detención con conclusiones basadas en inferencias, no en pruebas directas”, argumentó el abogado y añadió que la defensa lleva dos años y medio enterándose del proceso por filtraciones “selectivas y sistemáticas”. El penalista dejó claro que el senador solicitó en dos ocasiones que fuese escuchado en versión libre pero no fue escuchado.
Respecto de la exclusión de la prueba ilícita e ilegal, el abogado trajo a colación al exmagistrado José Luis Barceló quien investigó, a su juicio, ilegalmente al senador sin tener competencia, puesto que esto le correspondía a la Sala de Instrucción. Sin embargo, cabe mencionar que el proceso del senador Uribe se abrió en julio de 2018, y la Sala de Instrucción entró en funcionamiento hasta el 11 de octubre del mismo año.
Una vez la Sala que preside el magistrado Héctor Alarcón empezó a regir, no solo el documento del senador Uribe sino el de más aforados fueron entregados y se empezaron a adelantar labores en los despachos de los seis magistrados que hacen parte de la misma.
Además de eso, Granados dijo que "en un grave hecho para el país, el expresidente fue chuzado por error, pues se agregaron al expediente interceptaciones obtenidas ilegalmente en un proceso contra Nilton Córdoba, asegurando que éste había dado el celular de Álvaro Uribe, hecho que fue negado por el exrepresentante. Se violó así el principio del derecho internacional: “nadie se puede beneficiar de su propio ilícito”.
Respecto del derecho a interrogar los testigos de cargo, el abogado dice que contraría a la sorpresiva celeridad por parte del exmagistrado Barceló y dos de sus magistrados auxiliares en la recolección de pruebas y toma de testimonios, no se practicaron pruebas esenciales para la defensa de Uribe, como lo es escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos del senador del Polo Democrático Iván Cepeda.
“El testimonio del Tuso Sierra fue tomado por Lisa Ruth, investigadora americanca exCIA, certificada para recolección de pruebas con validez procesal en Estados Unidos, pero esto no fue suficiente para la Corte, que dijo que todo esto era un montaje, lo cual es totalmente falso”, expresó.
Granados también trajo a colación que a la magistrada Cristina Lombana, se le apartó del caso por haber sido oficial del Ejército mientras Uribe fungió como presidente de la República.
Adicionalmente, argumentó que tras más de dos años del proceso, no se le ha permitido a la defensa interrogar a personas que son clave como el mismo Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y a Carlos Eduardo López 'Caliche'. Asimismo, tampoco ha sido posible acceder a los celulares y computadores incautados a Monsalve.
Sobre la inviolabilidad de comunicaciones abogado – cliente, Granados dijo que resulta reprochable la sistemática filtración que se ha dado durante estos años de solo algunos apartes del proceso, que lo único que han generado, a su juicio, es desinformación entre los medios y los colombianos, tergiversando completamente el proceso.
"La Sala de Instrucción, además, avala la escucha y valoración de conversaciones que son sagradas y protegidas por la Constitución, como aquellas que tiene un investigado con sus abogados y las de un periodista con su fuente", dijo el penalista.
Por último, habló de la imparcialidad que para él resulta preocupante dado que en la orden de detención contra Uribe, se compulsaran copias contra varios testigos, que durante la indagatoria declararon a favor de la versión del expresidente.
Esto es una clara coacción a personas a quienes la Corte intimida de antemano, y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia, o Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas, lo cual configuraría una posible destrucción de evidencia.
"Así, la decisión parece reflejar más un juicio a la personalidad de Álvaro Uribe que a sus actos, lo que deja de lado y desconoce los siglos de estudio y aplicación del Derecho Penal para someterlo a una rencilla personal, que desde cualquier punto de vista lesiona profundamente a Colombia como país", añadió.
Así las cosas, con estos argumentos, la defensa del senador señaló que no tiene "ningún sentido" presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala. "No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación".
