Según la Fiscalía, las Farc realizaron 6.162 plagios entre 1.993 y 2.012.
Este jueves ocurrirá en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la acción más importante de justicia restaurativa desde cuando se creó esa jurisdicción, nacida del proceso de paz con las Farc. A ocho exintegrantes del secretariado de esa guerrilla se les imputarán cargos por delitos de secuestro, en el marco del macrocaso 01 que, por decisión de ese tribunal ahora empezará a llamarse “Toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad”.
Los imputados serán: Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko; Jaime Alberto Parra, El Médico; Miltón De Jesús Toncel, Joaquin Gómez; Juan Hermilo Cabrera Díaz, Bertulfo Álvarez; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Julián Gallo y Rodrigo Granda.El caso 01 llamado “Retención ilegal de personas por parte de las Farc”, conocido como el de secuestros, fue abierto por la Jurisdicción Especial para la Paz, el 4 de julio de 2018, e investiga más de 9 mil casos entre 1993 y 2012. Hay acreditadas 2.107 víctimas.
Tras esta imputación está prevista una audiencia de reconocimiento en la cual aceptan el delito frente a las víctimas que quieran estar presentes en ella.
Después, la Sala de Reconocimiento de Verdad, le dirá a la Fiscalía que ya no investigue más y le envíe todo lo que tiene sobre el caso de secuestro; posteriormente, la Sala de Reconocimiento se toma tres meses para expedir la resolución de conclusiones, que es un documento que recoge todo el proceso.
Este se remite al Tribunal de Paz, que decide la sanción propia restaurativa que pueden ser el desminado y obras que reparen a las víctimas.En el caso de que no acepten el delito de secuestro, se plantea el siguiente escenario: Todas las conductas que no sean reconocidas se le pasan a la Unidad de Investigación y Acusación, que es la Fiscalía de la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad, le pasa todo el proceso y le dice quiénes son los responsables y ellos empiezan a investigar para llevar a estas personas a juicio en que se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel.
